El Super Niño y la infraestructura hídrica: datos sobre obras y presupuesto

El fenómeno climático ya dejó más de 4.500 evacuados en provincias del centro y norte del país. El Gobierno nacional aprobó un plan de coordinación federal, mientras la Provincia de Buenos Aires denunció penalmente por la subejecución del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica.

El fenómeno de El Super Niño ya generó consecuencias en Argentina, con más de 4.500 evacuados en provincias del centro y norte del país, según informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y organismos internacionales de seguimiento climático. Los pronósticos advierten que el período más crítico podría ocurrir entre la primavera y el verano, con lluvias intensas y mayor riesgo de inundaciones en el Litoral y la Cuenca del Plata: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa, además de sectores de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa.

En junio, el Gobierno nacional aprobó el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, bajo la órbita de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), con participación de ocho jurisdicciones de la Cuenca del Plata. El programa contempla monitoreo meteorológico e hidrológico diario, alertas tempranas, identificación de zonas vulnerables, coordinación de defensas civiles provinciales y municipales, y protocolos para desplegar fuerzas federales, recursos sanitarios y asistencia logística ante eventuales inundaciones.

Desde abril, según informó el Ministerio de Seguridad, la AFE realizó doce instancias de articulación federal, conformó una Mesa Nacional de Seguimiento y capacitó a 4.328 personas vinculadas con la protección civil. También se elaboraron modelos de potencial afectación para 18 municipios de seis provincias. En paralelo, el Ministerio de Defensa anunció el despliegue preventivo de medios de la Armada en el Litoral y el alistamiento de unidades de las tres Fuerzas Armadas para asistir a poblaciones que puedan quedar aisladas.

El plan fortalece capacidades de monitoreo, coordinación y respuesta ante emergencias, pero no equivale a un programa de obras hidráulicas ni resuelve la paralización de infraestructura destinada a prevenir inundaciones.

Denuncia por subejecución del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica

El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH) es un fondo de recursos públicos creado para financiar obras de prevención y mitigación de inundaciones, alimentado principalmente por tasas específicas sobre combustibles. El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, denunció penalmente al presidente Javier Milei, al ministro de Economía Luis Caputo y a otros funcionarios nacionales por el presunto uso irregular de esos recursos. Según los datos presentados en la denuncia, entre enero de 2024 y mayo de 2026 el fondo recaudó unos $375.400 millones, pero destinó $116.000 millones al pago de obras, aproximadamente el 31%. Una parte sustancial de los activos fue colocada en Letras del Tesoro Nacional, según la presentación judicial. Katopodis sostiene que el Gobierno utilizó recursos afectados legalmente a la infraestructura hídrica para financiar al Tesoro, mientras numerosas obras quedaban paralizadas o eran rescindidas. La denuncia, presentada ante la Justicia Federal de San Martín, solicita investigar posibles delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta, entre otros. Las acusaciones deben ser investigadas y probadas judicialmente.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), publicado el 26 de octubre de 2026, advierte que de las 24 obras iniciadas con recursos del fideicomiso, 15 fueron canceladas o suspendidas —13 por rescisión de contratos y dos por neutralización—, ocho continúan en ejecución y una fue terminada. Los contratos de las obras paralizadas suman $144.818 millones, equivalentes al 39,7% del monto total de la cartera. Siete de esas obras están en el conurbano bonaerense. CEPA también señala que un crédito de US$200 millones del Banco Mundial, aprobado para un proyecto de infraestructura resiliente frente a inundaciones urbanas, registra una ejecución del 0%.

Declaraciones de Katopodis

En diálogo con Perfil, Katopodis afirmó que el problema no se limita a la falta de obras o de financiamiento, sino que también se debilitó la capacidad del Estado para anticipar y gestionar emergencias hídricas. Cuestionó el desmantelamiento de organismos técnicos como el Instituto Nacional del Agua (INA), el Servicio Meteorológico Nacional, el INTA y el CONICET. Según sostuvo, la pérdida de recursos humanos especializados comprometería el monitoreo de fenómenos climáticos y la capacidad de planificar, diseñar y ejecutar obras.

Katopodis afirmó que no existe una mesa de gestión del riesgo hídrico que permita compartir información, establecer protocolos y organizar una respuesta conjunta. Señaló que la Provincia de Buenos Aires no fue convocada a los ámbitos nacionales de emergencia y planificación. Aunque el Gobierno nacional anunció la conformación de un plan federal ante El Niño, para el ministro falta que esa convocatoria se traduzca en una coordinación efectiva con participación real de las jurisdicciones y recursos materiales.

El ministro comparó la situación con la de la Provincia de Buenos Aires, que puso en marcha una mesa ministerial encabezada por el gobernador y cuenta con un visor hidrometeorológico que integra más de 300 estaciones de monitoreo. Según Katopodis, el sistema permite seguir la evolución de las cuencas y coordinar trabajos de limpieza de canales con los municipios. Mencionó entre las zonas que requieren especial atención a San Pedro, Zárate, Campana, General Villegas, Nueve de Julio, Carlos Casares, Bragado, Roque Pérez y Lobos.

Respecto del río Salado, Katopodis reconoció una reactivación parcial del tramo IV de la obra, aunque la describió como limitada. Su finalización es condición necesaria para avanzar con el tramo V. El ministro sostuvo que alrededor de la mitad de las obras paralizadas por el Gobierno nacional se encuentran en la provincia de Buenos Aires y que existen dificultades para obtener avales nacionales que permitan acceder a créditos internacionales destinados a infraestructura.

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