El gobierno de Nayib Bukele envió tropas a Haití en el marco de un acuerdo bilateral del que no se detallaron condiciones. La misión, presentada como una operación para rescatar a cuatro salvadoreños secuestrados, generó dudas entre especialistas y aliados sobre su coordinación con la fuerza respaldada por la ONU.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dispuso el despliegue de más de 2000 soldados en Haití, luego del secuestro de cuatro técnicos de aviación salvadoreños en las afueras de Puerto Príncipe el 18 de octubre. La misión fue anunciada el 21 de octubre a través de las redes sociales del mandatario, quien publicó mensajes en creole haitiano dirigidos a los grupos criminales que mantienen el control de zonas del país caribeño.
El 28 de octubre, el gobierno salvadoreño informó sobre un acuerdo bilateral con Haití para el despliegue, pero no precisó las condiciones, la cadena de mando ni el plazo de permanencia de las tropas. El gobierno haitiano indicó que la cooperación se desarrolla «en el marco de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés)», mientras que la ONU desmintió esa versión. El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, tiene previsto viajar a El Salvador la próxima semana para abordar el tema.
La GSF fue autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU en septiembre de 2025 como sucesora de una misión multinacional encabezada por Kenia. Con un mandato para combatir a las organizaciones criminales y apoyar a la policía haitiana, debía contar con 5500 efectivos, pero a fines de octubre apenas tenía unos 2000. El contingente salvadoreño equivale a esa misma cantidad.
Según el último informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, entre julio y septiembre murieron al menos 1167 personas por la violencia. En lo que va del año se registraron 4217 víctimas y 11.000 en los últimos dos años.
Especialistas señalaron dudas sobre la coordinación entre las fuerzas presentes en el terreno: la policía y el ejército haitianos, la GSF y un grupo operativo de drones respaldado por la empresa de seguridad privada Vectus Global. Romain Le Cour, director del Observatorio Haití en Global Initiative, afirmó a LA NACION: «Estamos en un momento de escalada enorme. Hay, sin duda, un efecto salvadoreño. Puede haber resultados de seguridad a corto plazo. Pero el riesgo es repetir lo que vivimos con la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití: victorias territoriales reales y una crisis que vuelve más fuerte, porque las redes que sostienen a estas pandillas quedaron intactas».
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió sobre los riesgos de fallas en la cadena de mando: «No podés tener a la GSF encontrándose con soldados salvadoreños y disparándose entre ellos porque creen que el otro bando son pandilleros», declaró el fin de semana pasado. El sitio Axios informó sobre quejas dentro del Departamento de Estado por el operativo.
El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, llamó esta semana a la GSF a «ponerse de acuerdo, coordinar y apoyar decididamente al Ejército salvadoreño y la actitud del presidente Bukele».
Jake Johnston, investigador asociado del Centro de Investigación Económica y de Políticas (CEPR), sostuvo que la estrategia de seguridad salvadoreña se apoyó en negociaciones secretas con líderes de pandillas y en el encarcelamiento de más del 1% de la población. «Simplemente, no existe ninguna posibilidad de replicar ese modelo en Haití», afirmó.
Ana María Méndez Dardón, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), dijo: «Es un error pensar que un modelo que fue efectivo en reducir la violencia homicida en un país pequeño puede replicarse en otros países. Son contextos muy diferentes. Además, se está haciendo desde la vía autoritaria».
Orlando J. Pérez, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de North Texas, analizó: «Bukele quiere demostrar que su modelo se exporta y presentarse como el socio de seguridad indispensable de Trump en la región». Y agregó: «Las tropas latinoamericanas en el exterior han ido casi siempre bajo bandera de la ONU. Ahora un país centroamericano envía 2500 soldados por su cuenta, con el visto bueno personal de Trump y apoyo logístico de República Dominicana y Colombia».
Desde que Bukele asumió la presidencia en 2019, la tasa de homicidios en El Salvador pasó de 35 cada 100.000 habitantes a 1,3 el año pasado, según cifras oficiales. Su estrategia se basa, desde marzo de 2022, en un régimen de excepción que derivó en más de 90.000 detenciones y fue cuestionado por organizaciones de derechos humanos por detenciones arbitrarias, juicios masivos y reportes de torturas y muertes bajo custodia policial.