Nación y CABA firmaron un convenio de cooperación judicial

El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y el de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, suscribieron un Convenio Marco de Cooperación para fortalecer el acceso a la justicia y la asistencia a víctimas.

El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y su par de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, firmaron este viernes un Convenio Marco de Cooperación en la sede de la cartera nacional. El acuerdo prevé la consolidación de acciones conjuntas para promover el acceso a la justicia, la asistencia integral a víctimas de delitos, el desarrollo de capacitaciones y actividades de prevención comunitaria.

Tras la firma, Tapia declaró: «Junto al ministro Mahiques acordamos trabajar de manera coordinada para impulsar acciones de orientación, acompañamiento y prevención, y desarrollar iniciativas que acerquen la Justicia a las personas». El ministro porteño sostuvo que la articulación entre instituciones es un factor clave para construir un sistema de Justicia «más accesible y al servicio de la ciudadanía».

El convenio busca potenciar el despliegue operativo de la Dirección General de Acceso a Justicia y la Dirección General de Asistencia a la Víctima. Ambas carteras indicaron que la rúbrica reafirma el compromiso de acercar herramientas institucionales a la ciudadanía y garantizar una atención oportuna para los sectores que más lo necesitan.

En lo que va del año, Mahiques y Tapia suscribieron otros convenios para el traspaso de competencias de delitos desde el ámbito nacional a la Ciudad. La transferencia incluyó delitos contra el honor (calumnias e injurias), contra la integridad sexual (abuso y explotación), contra la libertad (amenazas, secuestros y privación ilegítima de la libertad), infracciones vinculadas con la seguridad del tránsito, la propiedad intelectual, el ejercicio ilegal de la medicina veterinaria y la protección de la fauna silvestre. También se acordó el traspaso de la totalidad de los delitos no federales cometidos por menores de edad, régimen que alcanza a adolescentes de entre 14 y 18 años y contempla la intervención tutelar para los menores de 14 años involucrados en hechos delictivos.

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