El Senado define el futuro de Santiago de Peña tras la apertura del juicio político

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el juicio político contra el exmandatario y la decisión final queda en manos de los 45 senadores, que deben optar entre aceptar la renuncia o continuar el proceso.

La renuncia de Santiago de Peña abrió una disputa que va más allá de quién será su sucesor. Después de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad la apertura de un juicio político contra el exmandatario, la decisión quedó en manos del Senado, cuyos 45 miembros deberán resolver si avanzan con el proceso o aceptan su renuncia.

La definición será clave para determinar el futuro político y judicial de Peña, ya que las dos alternativas tienen consecuencias diferentes.

Los escenarios son dos. Si la Cámara alta acepta la renuncia, Peña podría convertirse en senador vitalicio, una condición prevista en el artículo 202 de la Constitución Nacional que le otorga voz, pero no voto. Además, conservaría sus fueros parlamentarios, contemplados en el artículo 191, por lo que cualquier avance de las causas judiciales en su contra requeriría un proceso de desafuero.

En ese caso, si la Justicia quisiera insistir en juzgarlo debería comunicar el pedido al Senado, para que resuelva si concede el desafuero mediante una mayoría cualificada, es decir, el voto de dos tercios de sus miembros.

La segunda posibilidad es que el Senado decida continuar con el juicio político. El artículo 225 establece que la Cámara alta debe conformar una Bicameral que actúe como tribunal y juzgue a las autoridades sometidas a ese procedimiento. Para declarar la culpabilidad y disponer la remoción se necesitan dos tercios de los votos de sus integrantes.

Si Peña fuera hallado culpable, quedaría excluido de la posibilidad de asumir como senador vitalicio. En ese caso, el desenlace del juicio político tendría consecuencias directas sobre su futuro institucional y sobre la protección que podría obtener a través de esa figura.

La cuestión central es que la Constitución no establece que la presentación de una renuncia anule automáticamente un juicio político.

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