El Gobierno recibió aportes de diputados del PRO, MID y peronismo para modificar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. Busca dictamen de comisión la próxima semana.
El Gobierno aceptaría las modificaciones impulsadas por aliados al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas, para obtener los votos necesarios y aprobarlo en el recinto. Así se desprende de la reunión que mantuvieron el viernes el asesor Santiago Caputo y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, con la diputada Silvina Giudici y el secretario parlamentario Adrián Pagán.
El encuentro fue informado el sábado por el vocero presidencial Adrián Ravier, quien a través de su cuenta en X confirmó que se recibieron aportes de diputados del PRO, del MID e incluso del peronismo. No mencionó a la UCR, aunque fuentes legislativas indicaron que también hubo sugerencias de la mendocina Pamela Verasay y de los provinciales.
«Esperamos que la semana que viene haya dictamen favorable del proyecto para poder ir al recinto lo antes posible, ya que esta Ley es fundamental para ejercer presión para defender nuestros derechos», destacó Ravier. El presidente Javier Milei, en la reunión de la Fundación Faro, manifestó que las islas volverán a ser argentinas.
El proyecto generó tensiones internas en el Gobierno y motivó preocupación en Estados Unidos por el impacto que la norma podría tener en las inversiones norteamericanas. En el Congreso circuló una versión sobre una posible decisión de congelar la iniciativa ante la insistencia del subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau. Las penalidades propuestas alcanzan a firmas que operan en Malvinas, filiales, intermediarios financieros, accionistas y proveedores.
Cambios que aceptaría el Gobierno
El tratamiento continuará la próxima semana en un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores. La intención oficial es obtener dictamen de mayoría. Caputo habría aceptado las exigencias de los dialoguistas, aunque la redacción final se definirá en la reunión del martes.
Entre los cambios se incluye la incorporación del Ministerio de Seguridad al proyectado Consejo de Seguridad como miembro permanente, con el objetivo de evitar superposiciones entre Fuerzas Armadas, seguridad interior y Consejo. En el texto original, el Consejo solo incluía al Presidente, al canciller, los ministros de Defensa y Economía, el titular de la SIDE y el secretario Legal y Técnico. Fuentes parlamentarias vincularon la exclusión de la cartera de Seguridad a tensiones internas con Patricia Bullrich.
Otro cambio sería la creación de una comisión bicameral de seguimiento y control del Consejo de Seguridad, propuesta ya planteada por Ibarzabal cuando los diputados reclamaron participación del Parlamento.
Un punto aún no definido es el de las infraestructuras críticas. El Gobierno analiza redefinir el texto original, que abarca instalaciones, redes, sistemas, servicios y activos públicos y privados cuya interrupción o destrucción afecte la seguridad, defensa, salud, economía, servicios esenciales o funcionamiento del Estado. Los propietarios y operadores quedarían a cargo de las medidas de protección con aval del Consejo de Seguridad. Se avanzaría con la definición de infraestructura crítica y las responsabilidades de las provincias.
El Gobierno también haría lugar a una sugerencia del diputado Eduardo Falcone (MID) para que acciones militares drásticas, como el derribo de aviones o el hundimiento de buques hostiles, requieran autorización del Congreso y no queden en manos del Presidente o del ministro de Defensa.
Asimismo, se aceptarían modificaciones al artículo 111, que prevé penas de 5 a 15 años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado o agente extranjero, realicen actividades que procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva. Se definiría una figura penal más sólida, excluyendo explícitamente la actividad periodística, académica y el debate público. El artículo había sido cuestionado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) por la ambigüedad de conceptos como «desinformación» o «manipular la opinión pública».
El oficialismo busca sacar dictamen de comisión el martes para incluirlo en la próxima sesión. La intención era sumarlo al temario de la sesión pasada, pero las negociaciones se dilataron y no pudo tratarse junto a emergencia en discapacidad y la Ley de Tierras.