El nuevo esquema para el pago de indemnizaciones y juicios laborales, que debía comenzar el 1 de noviembre, podría aplazarse un mes más según fuentes privadas. El Gobierno no confirmó la postergación, pero mantiene conversaciones con cámaras del sector financiero que solicitaron más tiempo para adaptarse.
El inicio del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el sistema obligatorio para todos los empleadores aprobado en la reforma laboral, podría postergarse hasta diciembre, según fuentes privadas que mantuvieron contacto con el Gobierno en los últimos días. La fecha estipulada originalmente era el 1 de noviembre, pero la normativa aprobada por el Congreso habilita una prórroga.
De concretarse, sería la segunda demora: el esquema debía comenzar en junio, pero en mayo el Gobierno resolvió reprogramarlo cinco meses hasta noviembre. La ley otorgó seis meses de margen para reprogramar el inicio.
Fuentes oficiales consultadas no confirmaron la postergación hasta diciembre, aunque mencionaron que hubo conversaciones con cámaras de fondos comunes de inversión y de fondos fiduciarios, que solicitaron formalmente un mes más de tiempo para adaptarse a cuestiones operativas. Bancos y Alycs también esperan una definición concreta, según fuentes de ambos sectores. «Es muy probable que pase, pero estamos esperando confirmación», aseguraron desde uno de los principales bancos involucrados.
Un cambio de esta naturaleza debería reflejarse en el Boletín Oficial, ya que el 1 de noviembre como fecha de inicio fue estipulado por decreto. En caso de oficializarse la postergación, el esquema comenzaría a funcionar en diciembre, pero los aportes comenzarían a girarse a los administradores del FAL desde enero.
La puesta en marcha del sistema implica cambios en los sistemas internos de las empresas y en su vinculación con ARCA y la Comisión Nacional de Valores (CNV). El pedido más generalizado del sector fue claridad y celeridad para conocer la reglamentación.
Según fuentes privadas, unos 550 mil empleadores estarían contemplados en el nuevo esquema, entre pymes y grandes empresas. Todas estarán obligadas a adherir sin importar la cantidad de trabajadores. Quedan exceptuados empleados públicos, trabajadores de la construcción y trabajadoras de casas particulares.
Dos fuentes del mercado financiero que mantuvieron reuniones con el Gobierno mencionaron otro tema en negociación: el tiempo mínimo que los fondos deberán permanecer invertidos en el mercado de capitales antes de ser usados para indemnizaciones o juicios laborales. La reglamentación estableció un margen de 6 meses de aportes antes de que se conviertan en utilizables. Está en análisis extender ese período a 12 meses por pedido de los jugadores del mercado financiero.
«Sería sano para que el mercado adquiera una mayor escala. Y el año que viene es electoral, puede llegar a ser un año volátil, y sumarle la posibilidad de rescates desde junio y que puedan impactar en los bonos no sería conveniente», mencionó una fuente involucrada en conversaciones con el Gobierno.
Esa extensión está contemplada en el artículo 65° de la reforma laboral, que faculta al Poder Ejecutivo a establecer un plazo mayor cuando las características del sector económico o del mercado laboral lo aconsejen.
El sistema FAL no implica un cambio en la cantidad de aportes que hacen las empresas empleadoras sino en el destino. Un porcentaje (2,5% para las pymes y 1% para el resto) en lugar de desviarse al sistema previsional, irá al mercado financiero.
Otra interpretación para una eventual postergación es de orden tributario. El Gobierno incluyó un cálculo sobre los fondos FAL en el proyecto de Presupuesto 2027 y estimó el costo fiscal del esquema. Según el texto de ley, serán casi 0,2% del PBI de menor ingreso al fisco por concepto de Aportes a la Seguridad Social.