El Pentágono transmitirá en vivo la ejecución de Nidal Hasan y reabre el debate sobre las ejecuciones públicas en Estados Unidos

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que la ejecución del expsiquiatra del Ejército condenado por la masacre de Fort Hood en 2009 será transmitida por internet el próximo 3 de diciembre. La decisión reaviva la discusión sobre los ajusticiamientos con audiencia, un formato que Estados Unidos abandonó en 1936 tras el ahorcamiento de Rainey Bethea en Owensboro, Kentucky.

El Pentágono anunció que transmitirá en vivo la ejecución de Nidal Hasan, el expsiquiatra del Ejército condenado por la masacre de Fort Hood en 2009, según confirmó NPR. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que la ejecución será transmitida por internet el próximo 3 de diciembre.

La decisión reabrió un debate que Estados Unidos creía cerrado desde hace casi un siglo: el del ajusticiamiento como espectáculo público.

La última vez que el país fue por ese camino, en el verano de 1936, lo que quedó no fue una lección de orden ni de justicia, sino una imagen que avergonzó a una ciudad durante generaciones.

Ese episodio ocurrió en Owensboro, Kentucky, y su protagonista fue Rainey Bethea. Su caso no es solo un dato histórico: es el único antecedente directo de lo que el Pentágono propone hoy, y la razón por la que Estados Unidos decidió, hace casi 90 años, que nunca más volvería a hacer algo así.

El crimen, el juicio y la condena

Bethea era un jornalero afroamericano de poco más de 20 años, huérfano, oriundo de Roanoke, Virginia.

En la madrugada del 7 de junio de 1936, ingresó a la vivienda de Lischia Edwards, una viuda de 70 años, en la ciudad de Owensboro. La violó, la estranguló y le robó varias joyas. Al irse, dejó olvidado su propio anillo de prisionero en la escena del crimen.

El jurado tardó cuatro minutos y medio en deliberar. Su defensa, tal como recogió NPR, no pronunció “ni una sola palabra” durante el juicio. Bethea fue condenado a morir en la horca. La fecha de ejecución la firmó el gobernador Albert B. “Happy” Chandler.

El caso llegó a la prensa nacional por una razón que poco tenía que ver con el crimen en sí: el sheriff del condado de Daviess era una mujer.

Florence Thompson había asumido el cargo apenas cuatro meses antes, tras la muerte repentina de su marido por neumonía. Como sheriff, le correspondía por ley ejecutar la condena.

La prensa de todo el país llegó a Owensboro con la expectativa de ver a una mujer colgar a un hombre.

La mañana del 14 de agosto de 1936

Thompson finalmente declinó accionar la palanca. Un ex policía de Louisville llamado Arthur Hash se ofreció a hacerlo de forma gratuita, con la condición de que su nombre no se hiciera público.

Hash llegó al lugar en estado de ebriedad, vestido de blanco. Fue él quien envió a Bethea a la muerte.

La tarde previa, el condenado había comido su última cena: pollo frito, costillas de cerdo, puré de papas, pepinos en escabeche, pan de maíz, tarta de limón y helado, tal como detalló el medio.

A las 5:32 de la mañana del día siguiente, con la horca ya montada frente al río, cayó por la trampilla. Los médicos certificaron su muerte 13 minutos después.

Los titulares de los diarios de todo el país describieron la escena como un carnaval. Desde Chicago: “La muerte hace un feriado: 20.000 celebran un ahorcamiento”.

Desde Louisville: “‘¿Alguna vez viste un ahorcamiento?’ ‘Sí’, puede ahora jactarse cada uno en esta multitud de Kentucky”.

La revista Time escribió que “cada bar estaba lleno hasta las puertas” y que “forasteros bebidos recorrían la calle principal toda la noche”. Un hombre de 36 años murió en un accidente de tránsito mientras viajaba a Owensboro para presenciar el evento.

La propia Thompson, tal como recogió Time, confesó antes de la ejecución: “Supongo que pasaré el resto de mi vida olvidando esto, o intentándolo”. Su hijo James recordó décadas después que ella vivió con esa decisión hasta su muerte, en 1961.

Las consecuencias y el debate que llega hasta hoy

Kentucky prohibió las ejecuciones públicas en 1938, aunque para entonces la mayoría de los estados ya había tomado esa misma decisión.

La diferencia es que Kentucky fue el último en hacerlo: en 1939 cerró formalmente ese capítulo a nivel estatal, siendo el rezagado del país.

Hubo un ahorcamiento semipúblico en Misuri en 1937, ante unos pocos cientos de personas, que pasó prácticamente inadvertido. Desde entonces, ninguna ejecución se realizó a la vista del público en Estados Unidos.

Michael Radelet, profesor emérito de la Universidad de Colorado Boulder y especialista en pena de muerte, explicó ante NPR que el fin de las ejecuciones públicas obedeció a dos razones: ya no se las consideraba un elemento disuasivo del crimen, y las autoridades temían que los episodios fallidos o espectaculares generaran rechazo a la pena capital.

“Es como deshacerse de la guillotina: cuando desaparece, desaparece”, dijo. “No hubo ninguna discusión seria sobre volver a traerla”.

La autora Sonya Lea, cuyos abuelos presenciaron la ejecución de Bethea el 14 de agosto de 1936, describió el evento como un “linchamiento legal”. Sus abuelos eran adolescentes recién casados y estaban tan cerca de la horca que pudieron escuchar el cuello de Bethea quebrarse.

Lea supo de eso recién en 2002, cuando encontró el testimonio escrito de su abuela fallecida. Sus años de investigación sobre el tema, tal como declaró a la BBC, le enseñaron que muchos habitantes de Kentucky quedaron “atormentados” por aquella ejecución.

El anuncio del Pentágono reactivó el debate sobre ese antecedente. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que la ejecución de Hasan será transmitida en vivo por internet el próximo 3 de diciembre.

El caso más cercano a una ejecución con audiencia ampliada fue el de Timothy McVeigh, el autor del atentado de Oklahoma City, en 2001.

Su inyección letal se transmitió en circuito cerrado para 232 familiares de las víctimas reunidos en una sala. Nunca fue pública ni accesible para cualquier espectador.

Robin Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, afirmó ante NPR que no existe “ningún reglamento ni precedente histórico” para algo así en Estados Unidos.

“Las ejecuciones públicas han sido típicamente llevadas a cabo en países autoritarios para infundir miedo en la población”, sostuvo.

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