Cuatro fiscales federales solicitaron seis allanamientos, embargos preventivos por hasta 600 millones de pesos y el decomiso sin condena de bienes atribuidos a Andrés “Pillín” Bracamonte, asesinado en noviembre de 2024. Sostienen que su entorno continuó administrando, alquilando y vendiendo propiedades presuntamente adquiridas con dinero de extorsiones.
ROSARIO.- Cuatro fiscales federales pidieron al Juzgado Federal N° 3 de Rosario que ordene seis allanamientos simultáneos, embargos por hasta 600 millones de pesos y el decomiso sin condena de bienes que estaban a nombre de Andrés “Pillín” Bracamonte, exjefe de la barra de Rosario Central asesinado en noviembre de 2024. La solicitud fue presentada por Diego Velasco y Juan Argibay Molina, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac); Matías Scilabra, de la Procuraduría de Narcocriminalidad, y Federico Reynares Solari, de la Unidad Fiscal Rosario.
Efectivos de Gendarmería realizaron los allanamientos el 28 de septiembre desde las seis de la mañana. Los objetivos fueron la casa del Lote 21 del country Los Álamos, en Ibarlucea, donde reside Agustina Diale, última pareja de Bracamonte; la vivienda de Álvarez Thomas al 1800, en Rosario, donde viven su exesposa, Natalia Salas, y su hijo mayor, Andrés Guillermo Bracamonte; los domicilios de su socio Fernando Rigiracciolo y de Eduardo Langhi —titular formal de la casa del country—, ambos en Granadero Baigorria; la nueva sede de ATE Servicios Integrales SRL, en San Lorenzo, y el domicilio de Carlos Vergara, extitular de la Uocra Rosario, en Lomas de Zamora o en la ciudad de Buenos Aires.
Los fiscales sostienen que la muerte de Bracamonte no detuvo la estructura, sino que cambió quién la administra. Como datos concretos, indicaron que 16 días después del crimen, el 25 de noviembre de 2024, se inscribió a nombre de la pareja de Bracamonte una camioneta Toyota Hilux radicada en el mismo Lote 21. A comienzos de 2025, ATE Servicios Integrales SRL dejó su sede de Capitán Bermúdez; el nuevo ocupante declaró que le había alquilado el inmueble “una persona de apellido Bracamonte”. Actualmente la firma funciona en Alemania 1181, en San Lorenzo, bajo la gestión de Agustina Diale, quien declaró ante un tribunal provincial que maneja unos 80 clientes.
Según la acusación, Rigiracciolo, que en agosto de 2023 cedió formalmente sus cuotas de ATE a Diale, sigue usando una Amarok de la sociedad; Gendarmería la encontró estacionada frente a su casa. Para los fiscales, esa continuidad indica que la cesión “pudo encubrir una interposición”. Otra Amarok de la empresa, una Extreme V6 comprada cero km en 2022, está desaparecida.
Otro argumento de los fiscales es que vencieron las cautelares dispuestas por la Justicia provincial. El embargo sobre el VW Scirocco del hijo caducó en marzo de 2025 y un año después, en abril de 2026, el auto fue vendido a un tercero. En el edificio Altos de Alberdi II, de la calle Doctor Luis Vila al 700, una de las tres unidades imputadas a Salas figura desde abril de 2025 a nombre de otra persona, y otra fue alquilada por ella en julio de este año.
Como Bracamonte no puede ser juzgado, los fiscales pidieron sobreseerlo por fallecimiento y aplicar el artículo 305 del Código Penal, que permite decomisar bienes de origen ilícito sin condena cuando el imputado hubiese muerto. El pedido alcanza lo que estaba formalmente a su nombre: una Ford Ranger, el inmueble de Álvarez Thomas 1870 —que le fue adjudicado en el divorcio y que, según la fiscalía, conserva la expareja— y sus participaciones en seis sociedades.
Sobre el resto de los bienes, que están a nombre de familiares y allegados que siguen imputados, pidieron el embargo preventivo: se trata de 19 vehículos, entre ellos un BMW M2, el VW Scirocco, una moto Yamaha R1, cuatro Amarok y un Mini Cooper; los departamentos de Dr. Vila al 700, las casas de Álvarez Thomas, el viejo departamento de la calle White y el Lote 21. Solicitaron, además, el secuestro de una moto de agua Sea-Doo bautizada “La Pitufina” y una prohibición de innovar sobre cuatro licencias de taxi, dos de Salas y dos del hijo, que nunca habían sido cauteladas.
Los fiscales afirman que la prueba se reunió en vida de Bracamonte y que él la cuestionó durante más de cuatro años. Pidieron, además, que se dé intervención a los herederos y al Ministerio Público de la Defensa, ya que una de las posibles herederas es menor de edad.
La investigación patrimonial comenzó en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe en 2020. Tras un allanamiento en el Lote 21 ordenado en otra causa —la que investigaba la alianza de Ariel “Guille” Cantero y la barra de Newell’s para coaccionar al sindicato de peones de taxi—, se encontraron 2,5 millones de pesos, dólares, cheques, documentación de las sociedades y el contrato de alquiler que Bracamonte había firmado con Langhi. Ese hallazgo dio origen a una causa por lavado por un monto provisorio de $38,4 millones.
El 29 de noviembre de 2023, el MPA detuvo a Bracamonte y a Vergara como jefes de una asociación ilícita que, según los fiscales, obligaba a las constructoras del cordón industrial a contratar baños químicos y viandas de sus firmas, pagar por un “libre deuda sindical” y tomar empleados que nunca trabajaban. En la casa de Bracamonte se secuestraron $6 millones y un sobre de la Uocra; en la de Vergara, $39,1 millones, US$18.300 e inhibidores de señal.
Una semana después, la Procelac abrió una investigación preliminar y, en febrero de 2024, denunció a ambos por lavado de dinero agravado. Se trabó entonces una disputa de competencia: un juez provincial había declarado que el lavado correspondía al fuero federal, pero la Cámara santafesina revocó esa decisión. El conflicto llegó a la Corte Suprema, que en diciembre de 2025 le dio la razón a la Nación, por considerar el lavado un delito autónomo.
En agosto de este año, los fiscales delimitaron el expediente: el fuero federal se quedó con la investigación por lavado y devolvió a la Justicia provincial la de asociación ilícita, extorsiones y administración fraudulenta atribuida a Sergio Quiroga, intendente del estadio de Central, y la falsedad ideológica imputada a Langhi.
Las cifras que expone la acusación muestran la brecha entre lo declarado y lo que se usaba. Bracamonte estaba inscripto en la categoría F del monotributo, con un tope de facturación anual de $8 millones, como vendedor de indumentaria deportiva. Como empleado de su propia empresa, ATE, recibió en una década transferencias por $7,1 millones. Sin embargo, registró 46 cruces migratorios desde 2013, con destinos como Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Cuba, México y República Dominicana, y vivía en un country cuyas expensas y seguro pagaba como si fuera el dueño.
No tenía inmuebles a su nombre: la casa del Lote 21 figura como propiedad de Langhi, que la compró en 2018 por US$120.000 declarados, un precio que según el MPA era inferior al real y encubría el dinero de Bracamonte.
Los autos contaban otra historia. Su hijo compró a los 18 años un VW Scirocco cero km, hoy valuado en $28,3 millones, y en octubre de 2023 adquirió una Yamaha R1 tasada en $22,1 millones, cuando figuraba como empleado de una empresa en la que no prestaba tareas.
En computadoras secuestradas a Langhi apareció el borrador de un mutuo simulado de US$50.000 destinado a justificar el patrimonio del joven. ATE compró en 2018 un BMW M2 cero km, valuado en $81,5 millones, y en 2022 la Amarok V6, de $42,2 millones. Salas, en tanto, había adquirido en 2013 un BMW 125i cero km.
La fiscalía también reconstruyó una maniobra con los departamentos de la calle Doctor Vila al 700. En 2014, Salas los escrituró diciendo que los compraba para Multivisión S.A., una sociedad que preside, “con dinero de ésta”. En 2017, la misma firma se los transfirió “a título de sinceramiento fiscal”, con la declaración de que el dinero, en realidad, era de ella. Ese mismo día, Salas atribuyó los fondos a negocios previos al matrimonio y a una donación de sus padres, y Bracamonte firmó que esos bienes no eran gananciales dos años antes del divorcio.
La acusación señala seis sociedades creadas o adquiridas entre 2017 y 2023, en el mismo período en que se habrían cometido las extorsiones. Vanefra SRL, rebautizada ATE Servicios Integrales en 2021, y Ser-Eco SRL se dedicaban a baños químicos y viandas: eran, según el MPA, las firmas que se imponían en las obras.
Ruffino SAS, que compartía con Quiroga, facturaba el 87% de sus ventas al club Rosario Central. Kabrasi SRL tenía como objeto la venta de combustible para buques; B+D Logística, con sede en el viejo departamento de Bracamonte en la zona norte, se dedicaba al transporte de cargas, y Welding & Company, constituida tres meses antes de su detención, a la ingeniería para la industria petroquímica.
Vergara repite el patrón con otra lógica: monotributista categoría G, 46 viajes al exterior, ningún auto a su nombre desde 2022, pero autorización para manejar nueve vehículos de parejas, hijos y terceros. En octubre de 2024 se hallaron US$40.000 en un departamento porteño alquilado por la Uocra, que él usaba.
Bracamonte, de 53 años, condujo durante más de dos décadas la barra de Central. En agosto de 2024 sufrió un atentado. En octubre de ese año, en una entrevista con LA NACION, señaló que la banda de Los Menores —surgida en el barrio 7 de Septiembre y vinculada a Matías Gazzani, prófugo y buscado con recompensa— quería matarlo para quedarse con el control de la tribuna.
El 9 de noviembre de 2024, tras el partido entre Central y San Lorenzo, fue emboscado junto a su ladero Daniel “Rana” Attardo a pocas cuadras del Gigante de Arroyito. Los fiscales provinciales imputaron por la logística del ataque a dos hombres ligados a Los Menores y sostienen que los tiradores partieron de la casa de uno de ellos. Una de las hipótesis iniciales fue que el crimen buscó traspasar los negocios de la barra a esa banda.
Casi dos años después, los autores materiales e intelectuales siguen sin ser identificados. Mientras tanto, la Justicia federal intenta que el dinero que Bracamonte habría amasado desde la tribuna no quede en manos de su entorno.