Un análisis de cómo las decisiones institucionales previas determinan el impacto de los desastres naturales, según experiencias en América Latina y el Marco de Sendai de la ONU.
Los desastres naturales no solo se miden por sus víctimas o pérdidas económicas; también revelan la capacidad real de los Estados para anticipar riesgos, responder a emergencias y gestionar con transparencia los recursos de reconstrucción.
Un terremoto no puede evitarse, pero un gobierno sí puede decidir dónde y cómo se construye, cuánto invierte en prevención y qué controles operarán cuando se movilicen millones de dólares en ayuda. El Marco de Sendai, adoptado por los países miembros de la ONU, parte precisamente de esta premisa al situar al Estado en el centro de la reducción y gobernanza del riesgo.
Ecuador, México, Haití y Chile muestran cómo decisiones institucionales previas pueden determinar el impacto de una catástrofe.
El terremoto de 7,8 de abril de 2016 dejó cientos de fallecidos, miles de heridos y graves daños en infraestructura. Las evaluaciones posteriores recomendaron fortalecer las normas de construcción y proteger edificios vulnerables. Sin embargo, la reconstrucción abrió una segunda prueba institucional: organismos de control y la justicia documentaron irregularidades y responsabilidades penales en el manejo de recursos destinados a Manabí. El caso muestra que la vulnerabilidad no está solo en las edificaciones, sino también en las instituciones encargadas de reconstruirlas.
Los terremotos de 2017 afectaron miles de viviendas, escuelas e instalaciones públicas. Pero las reformas adoptadas tras el terremoto de 1985 —nuevos códigos de construcción, instituciones de protección civil, simulacros e información pública— habían aumentado la resiliencia del país. Muchos de los edificios colapsados eran anteriores a esas normas.
México demuestra que convertir una tragedia en capacidades permanentes puede reducir el impacto de la siguiente. Sin embargo, auditorías posteriores también detectaron deficiencias en la distribución de apoyos y el registro de donaciones.
El terremoto de 7,2 de agosto de 2021 golpeó nuevamente a un país devastado por el terremoto de 2010. Miles murieron o resultaron heridos y más de cien mil viviendas fueron destruidas o dañadas. La evaluación posterior reveló que el plan de contingencia sísmica databa de 2013, varios simulacros habían sido postergados y faltaban suministros y equipos de rescate. Tener un plan no equivale a estar preparado si no se actualiza, financia, prueba y ejecuta.
La elevada exposición sísmica de Chile ha llevado al país a integrar el riesgo en sus normas de construcción, sistemas de alerta, educación ciudadana y protocolos de evacuación. El terremoto de Quellón de 2016, de 7,6, tuvo un impacto relativamente acotado.
Aunque la magnitud del daño depende también de las características del evento, la experiencia chilena demuestra que una exposición elevada puede convertirse en una variable permanente de planificación. El riesgo deja de ser una excepción y pasa a formar parte de la gestión cotidiana.
La capacidad de respuesta se construye antes de la emergencia. Y la prevención debe incluir la integridad institucional: las crisis aceleran contrataciones y decisiones, aumentando los riesgos de fraude, favoritismo y desvío de fondos. Por eso, los gobiernos deberían contar no solo con mapas de vulnerabilidad, sino también con mapas de riesgos de integridad y controles previamente definidos.
Sin embargo, el Regional Assessment Report 2024 de UNDRR advierte que, en los países latinoamericanos analizados, menos del 35 % del gasto estudiado se destinaba a medidas prospectivas y correctivas de reducción del riesgo.
Si los riesgos ya son conocidos, esperar a que se materialicen para actuar no es simplemente falta de previsión: también es una decisión de gobierno. La verdadera pregunta no es qué hará el Estado después del próximo desastre, sino por qué no hizo antes aquello que ya sabía que era necesario.
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