La Cámara Nacional Electoral (CNE) emitió una acordada en la que señala que las modificaciones a las leyes electorales deben realizarse antes del inicio del proceso electoral, en línea con estándares internacionales.
La Cámara Nacional Electoral (CNE) emitió una acordada firmada por sus tres integrantes, Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas, en la que advierte al Congreso de la Nación que los cambios en el régimen electoral no deben realizarse en pleno proceso electoral. El pronunciamiento se conoce en el contexto del impulso del Gobierno para eliminar o suspender las elecciones primarias (PASO) para 2027.
En el texto, los jueces señalaron que las reformas electorales deben ajustarse a los estándares internacionales sobre la oportunidad de este tipo de modificaciones. Según el Manual para la Observación de Sistemas de Justicia Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), citado en la acordada, el plazo idóneo para introducir cambios es de entre seis y tres meses antes del inicio formal del proceso electoral.
Fuentes judiciales indicaron que los magistrados consideran que, si se avanza con una reforma, es preferible que ocurra antes de fin de año y no durante las sesiones extraordinarias o en marzo próximo, cuando ya se inicia el calendario organizativo de las elecciones nacionales. La advertencia se fundamenta en la complejidad de la elección presidencial, con numerosas listas y sin definiciones sobre categorías como los legisladores del Mercosur.
La acordada, de ocho carillas, recuerda que la CNE ha mantenido un rol activo en la tutela de las condiciones institucionales para garantizar la integridad del proceso electoral. Además, menciona precedentes donde se señaló que alterar la estabilidad del marco legal durante un proceso electoral puede generar perjuicios.
El tribunal subrayó que estas consideraciones fueron compartidas por especialistas nacionales e internacionales, magistrados y referentes políticos durante un seminario realizado en marzo de este año, con motivo de evaluar la implementación del sistema de boleta única, utilizado por primera vez en las elecciones de 2025.
En la acordada, los jueces aclararon que el pronunciamiento no implica un juicio de valor sobre el contenido, la conveniencia político-institucional o el mérito de la reforma política, que es una cuestión privativa del Congreso Nacional.