Más de diez organizaciones de derechos humanos de Ecuador exigieron el cese de las operaciones militares estadounidenses contra embarcaciones pesqueras en aguas del Pacífico, que han dejado al menos cinco intervenciones reconocidas desde agosto y otras tres documentadas por la prensa.
Más de una decena de organizaciones defensoras de los derechos humanos de Ecuador emitieron este lunes un comunicado en el que exigen el cese de los ataques que militares estadounidenses realizan en aguas del Pacífico contra embarcaciones ecuatorianas. Según las organizaciones, estas acciones se vinculan con supuestas conexiones con el narcotráfico y el grupo criminal Los Choneros.
El texto expresa «profunda preocupación» por la escalada de operaciones, al menos cinco desde el pasado 28 de agosto, que incluyen «abordaje violento, privación ilegal de la libertad, desaparición forzada temporal, tortura y destrucción de embarcaciones pesqueras ecuatorianas». El Comando Sur de Estados Unidos y el Ministerio de Defensa de Ecuador señalaron que estos bombardeos se realizan en coordinación con el Gobierno ecuatoriano.
«Los hechos documentados ya no pueden ser tratados como episodios aislados pues existe una secuencia reiterada de intervenciones en rutas marítimas utilizadas habitualmente para faenas de pesca, incluidas aguas internacionales entre la zona económica exclusiva continental del Ecuador y la zona económica exclusiva de Galápagos», añadieron las organizaciones.
Los grupos contabilizan ocho ataques a embarcaciones ecuatorianas desde enero pasado, incluido uno en el que desaparecieron ocho personas. Estados Unidos y Ecuador solo han reconocido las cinco operaciones realizadas entre finales de agosto y este lunes. Según The Washington Post, los otros tres ataques ocurridos entre enero y marzo formaron parte de una operación encubierta de la CIA, independiente de la campaña contra el narcotráfico que EE.UU. desarrolla desde septiembre del año pasado en el Caribe y el Pacífico, donde se han destruido decenas de lanchas y han muerto más de doscientas personas.
Las organizaciones señalaron que, pese a que el Gobierno ecuatoriano asegura que las operaciones se basan en investigaciones e información de inteligencia, «no existe ningún proceso judicial o investigativo formal que sostengan dichas acusaciones». El pasado sábado, un juez dejó en libertad a 28 pescadores que fueron detenidos en dos de las operaciones realizadas por EE.UU. el miércoles y el jueves, ya que la Fiscalía no pudo probar la existencia de sospechas de algún delito.
«La sospecha de una actividad ilícita no convierte a una persona en objetivo militar ni habilita la desaparición, la tortura, los tratos crueles o la destrucción automática de sus medios de trabajo», afirmaron los defensores, que contabilizaron al menos 143 pescadores involucrados.
Las organizaciones declararon como persona non grata al jefe del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, y pidieron que se investigue en Estados Unidos su posible participación en graves violaciones de derechos humanos o crímenes internacionales. Además, exigieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la emisión de medidas cautelares colectivas urgentes a favor de la comunidad pesquera de la provincia de Manabí, de donde son los capturados.