El máximo tribunal estadounidense revocó una orden judicial que impedía al gobierno republicano limitar el uso de papeletas de voto por correo en 23 estados y Washington D.C., de cara a las elecciones de noviembre.
La Corte Suprema de Estados Unidos habilitó una restricción del presidente Donald Trump al voto por correo. El tribunal revocó una resolución judicial que impedía a la administración republicana restringir el uso de las papeletas de voto, en el marco de las elecciones de noviembre que definirán el control del Congreso.
Los magistrados accedieron a una solicitud de emergencia del Departamento de Justicia para suspender una orden de la jueza federal Indira Talwani, dictada en junio, que impedía a Trump ejecutar su directiva en una coalición de 23 estados, en su mayoría gobernados por demócratas, y Washington D.C. Esos distritos habían presentado una demanda para impedir la medida.
El tribunal cuenta con una mayoría conservadora de 6 a 3. Tres magistrados liberales manifestaron su desacuerdo con la decisión, que deja abierta la posibilidad de que los estados presenten nuevas demandas en los próximos meses.
El decreto presidencial ordena al Departamento de Seguridad Nacional recopilar y transmitir a los estados una lista de ciudadanos estadounidenses con derecho a voto en cada estado. Además, exige al Departamento de Justicia priorizar la investigación y el enjuiciamiento de funcionarios electorales estatales y locales que entreguen papeletas a personas consideradas “no aptas” para votar en elecciones federales.
Asimismo, la directiva instruye al Servicio Postal a entregar las papeletas únicamente a los votantes que figuren en la lista aprobada por cada estado para esa modalidad de voto. Trump se comprometió a poner fin al uso de las papeletas antes de las elecciones de mitad de legislatura y ha cuestionado en reiteradas ocasiones la seguridad de este sistema, aunque las pruebas de fraude electoral son escasas.
La restricción al voto por correo afectaría de manera desproporcionada a los votantes demócratas, que recurren a esta modalidad con mayor frecuencia que los republicanos, según datos de uso electoral.
En junio, la jueza Talwani dictaminó que el presidente carecía de autoridad para ordenar cambios en la forma en que los estados administran las elecciones federales, señalando que la Constitución otorga a los estados la facultad de determinar los requisitos de elegibilidad de los votantes. También indicó que las agencias federales no tienen capacidad para elaborar listas precisas de ciudadanos para cada estado.
El Departamento de Justicia sostuvo que la demanda contra la directiva era prematura y que los estados no tenían legitimación para interponerla en esa fase. El gobierno afirmó que las agencias aún no habían tomado medidas concretas que afectaran a los estados, por lo que cualquier perjuicio alegado era especulativo.