El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ratificó una pena de 18 meses de prisión y una multa de 2.340 euros para un vecino de Otero de Herreros que acumulaba residuos peligrosos sin autorización.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ratificó una sentencia contra un hombre que almacenaba ilegalmente baterías de ion-litio en su vivienda y otras dependencias de su propiedad en la urbanización de Canalejas, en la localidad española de Otero de Herreros. La condena, dictada por la Audiencia Provincial de Segovia, incluye 18 meses de prisión por un delito contra el medio ambiente y una multa de 2.340 euros.
El caso se originó en 2023, cuando la Guardia Civil detectó movimientos inusuales de carga en la propiedad. Durante el operativo, se hallaron aproximadamente 45 toneladas de residuos, de los cuales 30.998 kilos correspondían a residuo bruto y 29.573 kilos netos de desecho. Para el traslado del material, las autoridades contrataron a una firma especializada y utilizaron seis camiones adaptados a la normativa ADR para transporte de cargas peligrosas.
El acusado argumentó que las baterías no eran residuos tóxicos, sino componentes funcionales para un proyecto personal de autoconsumo fotovoltaico. Sin embargo, los magistrados determinaron que el estado de carga o la intención de darles una segunda vida no exime del cumplimiento de las habilitaciones administrativas. El imputado gestionaba material descartado por terceros sin autorización legal para operar con residuos peligrosos.
Los peritos señalaron que las baterías, muchas sulfatadas o deterioradas, se encontraban en el sótano y otras habitaciones junto a elementos combustibles, lo que generaba un riesgo de incendios y de fuga de gases tóxicos. También se advirtió sobre una posible contaminación del suelo y de las napas subterráneas en la zona de Segovia.
La sentencia impone además una inhabilitación de 20 meses para actividades relacionadas con la recolección, depósito o venta de residuos peligrosos. El condenado deberá asumir los costos del traslado, saneamiento y disposición final del material decomisado. La defensa evalúa presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.