La Legislatura de Córdoba abrió el debate de un proyecto que adecúa la normativa local al Régimen Penal Juvenil nacional, reduce la edad de imputabilidad a 14 años y otorga nuevas garantías procesales a las víctimas.
La Unicameral de Córdoba inició el tratamiento de un proyecto de ley que reforma la norma provincial 11.035, con el objetivo de adecuar el esquema procesal local al Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley Nacional N° 27.801. La iniciativa, presentada con firmas de legisladores de distintos bloques, propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años e incorporar garantías procesales para las víctimas.
El proyecto, que consta de 29 artículos, fue elaborado a partir del trabajo de una mesa interinstitucional integrada por el Poder Judicial, la Fiscalía General, la Defensa Pública, la Senaf, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, especialistas universitarios y representantes de diversos espacios políticos.
El presidente de la comisión de Seguridad, Juan Manuel Llamosas, confirmó que el debate formal comenzará de manera conjunta con la comisión de Niñez. “Hay un trabajo previo de una mesa interinstitucional donde participaron oficialismo, oposición, el Poder Judicial y la Senaf. Este proyecto tomó estado parlamentario tras meses de labor y es una base muy sólida que nos permitirá avanzar en las próximas semanas”, afirmó.
La legisladora Brenda Austin, de la UCR, sostuvo que “la iniciativa tiene el respaldo de expertos que abordan a diario la problemática de jóvenes en conflicto con la ley penal”. Además, declaró: “El cambio nacional obliga a Córdoba a prepararse, tener una buena ley y garantizar que la Senaf cuente con los recursos para intervenir, tanto en las medidas previas como en los centros de detención cuando esta sea el último recurso”.
En el plano procesal, el proyecto incorpora derechos para las víctimas de delitos cometidos por menores, en línea con la “Ley Joaquín”. Entre ellos, se incluye la asistencia jurídica gratuita, la información en lenguaje claro y la participación en instancias como la concesión de salidas transitorias o el cese de medidas cautelares.
La iniciativa establece que la privación de la libertad sea una medida de último recurso. Fija como tope punitivo la escala correspondiente a la tentativa y prevé herramientas alternativas como acompañamiento comunitario, reglas de conducta, mediación penal, monitoreo remoto y pautas de conexidad en casos con adultos y menores involucrados.
El trabajo en comisiones comenzó el miércoles y se prevé que el proyecto sea tratado en el recinto el próximo 26 de agosto.