La negociación entre el Estado y Aeropuertos Argentina 2000, controlada por el grupo de Eduardo Eurnekian, permanece trabada por la extensión del contrato, la rentabilidad y las obras por US$ 600 millones previstas para Ezeiza y Aeroparque.
Buenos Aires, 9 agosto (NA) — El Gobierno de Javier Milei y Aeropuertos Argentina 2000, controlada por el grupo de Eduardo Eurnekian, mantienen diferencias sobre la concesión de 35 terminales aéreas. Los puntos de desacuerdo incluyen la extensión del contrato, la rentabilidad de la concesionaria y las inversiones por US$ 600 millones destinadas al sistema aeroportuario.
La empresa busca extender la concesión hasta 2056, con una opción por otros diez años. El Estado, en tanto, propone justificaciones anuales y condiciona cualquier prórroga a la ejecución de nuevas inversiones.
El preacuerdo firmado en 2020, que contemplaba una renovación por 30 años, quedó sin efecto. Aeropuertos Argentina 2000 señala al Gobierno de incumplimiento y de frenar las negociaciones. Desde el oficialismo sostienen que las conversaciones continúan bajo criterios técnicos.
Uno de los ejes de la discusión es el programa de obras por US$ 600 millones, que incluye la ampliación de Ezeiza y Aeroparque. El Estado reclama que la concesionaria ejecute las inversiones comprometidas. El grupo de Eurnekian sostiene que, sin una extensión del contrato, no podrá obtener el financiamiento externo necesario para concretarlas.
El Gobierno advirtió sobre posibles sanciones e incluso la finalización del contrato ante un incumplimiento de las inversiones previstas.
Otro punto de la negociación es la tasa de rentabilidad del 16,45% que mantiene actualmente la concesionaria. Aeropuertos Argentina 2000 defiende ese porcentaje y sostiene que resulta insuficiente para cubrir sus costos. El Gobierno lo considera exorbitante y pretende establecer una rentabilidad que considere razonable para garantizar la viabilidad del servicio.
La negociación también atraviesa un momento particular por la transición en el ORSNA, organismo regulador del sistema aeroportuario, después del escándalo por corrupción que llevó a prisión a su extitular, Facundo Leal.
La continuidad del conflicto podría demorar las inversiones previstas y afectar la modernización de la infraestructura aeroportuaria. Un eventual incremento de las tasas para compensar los desequilibrios podría encarecer los pasajes y reducir el flujo de pasajeros.