La Legislatura de Córdoba sancionó este miércoles la reforma del Poder Judicial con consenso entre oficialismo y oposición, pero el debate derivó en un cruce político por los pedidos de informes y la disputa electoral de 2027.
La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo para ampliar la estructura territorial del Poder Judicial y fortalecer el Ministerio Público de la Defensa. La iniciativa contó con el respaldo del oficialismo y de los bloques de la UCR, el Frente Cívico y el PRO, aunque con observaciones sobre su planificación y financiamiento.
La ley sancionada crea nuevos órganos jurisdiccionales y amplía el Ministerio Público de la Defensa mediante la incorporación de juzgados y defensorías públicas en Córdoba Capital y distintas circunscripciones del interior. En la ciudad de Córdoba se crearán diez Defensorías Públicas Penales, cuatro Juzgados de Control y Faltas, dos Defensorías especializadas en Niñez, Violencia Familiar y de Género, un Juzgado de Ejecución Penal y una Defensoría Civil y Comercial. La actual Defensoría del Trabajo del Tercer Turno será reconvertida en una Defensoría Civil y Comercial.
En Villa Carlos Paz se incorporarán un Juzgado de Control, Niñez, Violencia Familiar y Faltas, un Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia y una Defensoría con Funciones Múltiples. San Francisco sumará un nuevo Juzgado de Control y Faltas, y se crearán Defensorías Públicas con Funciones Múltiples en San Francisco, Río Cuarto, Bell Ville, Villa Dolores, Cruz del Eje y Villa María.
El legislador oficialista Bernardo Knipscheer defendió la iniciativa al sostener que «el punto de partida es un diagnóstico claro: la organización judicial debe evolucionar al mismo ritmo que la sociedad demanda, el crecimiento poblacional y las reformas procesales». Según afirmó, la creación de nuevos juzgados y defensorías permitirá «mejorar la capacidad de respuesta del sistema judicial».
Desde la UCR, Brenda Austin adelantó el respaldo del bloque, aunque recordó que el fortalecimiento del Ministerio Público de la Defensa era un reclamo histórico de la oposición. «Hoy estamos haciendo lo que reclamábamos desde hace años: fortalecer la base del sistema de defensa», afirmó. No obstante, sostuvo que la reforma deja pendiente una ley orgánica que establezca una carrera propia para el organismo y advirtió que los defensores públicos continúan «colapsados y abarrotados de causas».
El Frente Cívico también acompañó la iniciativa. Viviana Martoccia reclamó estadísticas públicas que fundamenten la creación de los nuevos organismos y expresó reparos sobre el financiamiento. «No podemos dejar a la ciudadanía vulnerable y sola frente al aumento de delitos», sostuvo, aunque pidió conocer los criterios que regirán las futuras designaciones y reubicaciones dentro del Poder Judicial.
Oscar Agost Carreño, del PRO, votó favorablemente el proyecto pero cuestionó la ausencia de planificación. «Córdoba necesita más jueces y más defensores, pero ello debe hacerse planificado, con estadísticas que lo justifiquen y estudios de costos», sostuvo. A su entender, avanzar con esta ampliación mientras continúa el conflicto salarial judicial demuestra «una prioridad política más que una urgencia del servicio de justicia».
El clima de consenso se interrumpió durante el tratamiento de los pedidos de informes impulsados por la UCR y el Frente Cívico. Los radicales reclamaron información sobre los subsidios y créditos otorgados por la Provincia durante las elecciones legislativas de octubre de 2025 y sobre el gasto en alquileres de inmuebles estatales. El juecismo puso el foco en los gastos reservados y en la transparencia de la ejecución presupuestaria.
Alejandra Ferrero advirtió que, si el Ejecutivo continúa sin responder los pedidos de informes, la oposición acudirá a la Justicia y acusó al Gobierno de «obstaculizar» el acceso a la información pública. El oficialista Marcelo Eslava respondió: «Denuncien», y Ferrero replicó: «Vamos a ir a la Justicia».
Según datos aportados por la UCR, la Provincia tiene previstos más de 32 mil millones de pesos para alquileres en el ejercicio vigente. Austin reclamó explicaciones sobre los criterios para otorgar subsidios durante 2025, en relación al caso de Claudio Barrelier, principal imputado por el femicidio de Agostina Vega, quien recibió ayudas económicas provinciales pese a contar con antecedentes penales y desempeñarse como empleado municipal.
El oficialista Facundo Torres interpretó los cuestionamientos como el inicio de la campaña electoral. «La oposición empezó la campaña», declaró, y acusó al radicalismo de construir «un relato apocalíptico» con fines electorales. También ironizó sobre las recorridas territoriales de la UCR: «Quizás ahora que se acercan las elecciones vaya a un hospital del interior». El radical Oscar Saliba replicó: «Querés que te diga cómo están los hospitales del interior».
Durante el tratamiento del pedido de informes sobre gastos reservados, el juecista Walter Nostrala cuestionó la «opacidad» en el manejo de los recursos públicos y sostuvo que «sería más fácil que el oficialismo aprobara el pedido de informes para que el Ejecutivo explique en qué se gastan esos fondos». El oficialismo respondió que el planteo forma parte de una estrategia de posicionamiento electoral. Nostrala replicó: «No se largó la campaña electoral», y afirmó que al PJ «le tiene miedo» a los comicios ya que «le queda poco tiempo». «Van a ver qué opinan la ciudadanía», desafió al sostener que 28 años de peronismo en el poder «es demasiado».
La sesión dejó además un nuevo foco de tensión institucional. El oficialismo bloqueó el tratamiento sobre tablas de los proyectos de la UCR y el Frente Cívico para modificar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y establecer que las entrevistas a postulantes para jueces y fiscales sean públicas y transmitidas en vivo. La ofensiva opositora se produjo horas después de conocerse la orden de mérito del concurso para cubrir la vacante en el Juzgado Electoral Provincial, proceso que ubicó en primer lugar al actual secretario legislativo Guillermo Arias.