Un Tribunal de Garantías Penales de Ecuador condenó este lunes al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a tres años de prisión por incumplir la orden judicial de portar un grillete electrónico durante la investigación del caso Triple A.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue condenado este lunes a tres años de prisión por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. La sentencia fue dictada por un Tribunal de Garantías Penales tras considerar probado que Álvarez no portaba el grillete electrónico que le había sido impuesto como medida cautelar en el marco del caso Triple A.
El fallo no se refiere a las acusaciones originales del caso Triple A, que investiga una presunta comercialización irregular de combustibles subsidiados, sino al incumplimiento de la medida cautelar. Según el tribunal, el hecho determinante fue que el alcalde no llevaba el dispositivo de vigilancia electrónica cuando las autoridades realizaron un allanamiento en su domicilio el 10 de febrero de 2026.
Los jueces concluyeron que la Fiscalía no demostró que Álvarez hubiera manipulado o alterado técnicamente el grillete, pero estimaron que ese aspecto no era indispensable para configurar el delito, ya que quedó acreditado que el dispositivo no estaba siendo portado, incumpliendo una orden judicial vigente.
La pena impuesta es la máxima prevista para este tipo penal: tres años de privación de libertad. Además, el tribunal ordenó el pago de una multa equivalente a diez salarios básicos unificados, la presentación de disculpas públicas por parte del alcalde y la publicación de la parte resolutiva de la sentencia en un medio de circulación nacional.
Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que el incumplimiento de la medida cautelar quedó demostrado mediante pericias técnicas, documentación y testimonios. Según la acusación, el retiro del dispositivo constituyó una desobediencia directa a una resolución de autoridad competente, conducta sancionada por la legislación ecuatoriana.
La defensa de Álvarez argumentó que el sistema de vigilancia presentaba fallas de funcionamiento y problemas de conectividad en la zona de su residencia, y que no existían pruebas concluyentes de un retiro voluntario del dispositivo. Solicitó la absolución de su defendido.
El tribunal consideró que esos argumentos no modificaban el hecho central del proceso, ya que las eventuales dificultades técnicas no explicaban la ausencia física del grillete en el momento del allanamiento.
Tras conocerse la decisión, la defensa anunció que recurrirá el fallo mediante los mecanismos previstos en la legislación ecuatoriana. Al tratarse de una sentencia de primera instancia, el proceso puede ser revisado por un tribunal superior, por lo que la condena aún no se encuentra ejecutoriada.
El caso Triple A continúa su curso para determinar la existencia de una presunta estructura dedicada al desvío y comercialización ilegal de combustibles subsidiados. Además, Álvarez figura entre los investigados en el caso Goleada, en el que la Fiscalía indaga presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria.
Álvarez ha rechazado las acusaciones y ha afirmado que las causas penales tienen una motivación política. A pesar de los procesos abiertos, ha continuado al frente de la administración municipal de Guayaquil.
La sentencia emitida este 3 de agosto constituye la primera condena penal contra el alcalde y sanciona exclusivamente el incumplimiento de la medida cautelar de vigilancia electrónica. La apelación será determinante para definir si la condena queda firme o es revisada por una instancia superior.