Una fuente del Ministerio de Exteriores de Marruecos afirmó que el país advirtió a España sobre las consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo que ilegalizó las devoluciones en caliente. La crisis migratoria en Ceuta dejó miles de ingresos irregulares y un saldo de personas retornadas.
Este martes no se registraron entradas a Ceuta y una parte de quienes cruzaron la frontera en los últimos días ya regresó a Marruecos. El Gobierno español informó el domingo que unas 73.000 personas habían vuelto al otro lado, aunque desde entonces no se actualizaron los datos oficiales. Según la última información del Ejecutivo, permanecen en la ciudad autónoma alrededor de 2.500 personas que ingresaron de forma irregular, mientras que las autoridades locales elevan esa cifra.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, participa este martes en una reunión con sus homólogos de la Unión Europea. España expondrá su compromiso con el control de las fronteras y su política migratoria. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, envió una carta a Pedro Sánchez en la que valora positivamente la gestión del Gobierno español. En tanto, Italia suspendió temporalmente la libre circulación de Schengen para viajeros procedentes de España, y Finlandia mostró su desacuerdo con el enfoque español.
Grande-Marlaska responsabilizó a las mafias que trafican con personas por la crisis en Ceuta y sostuvo que Marruecos no es una amenaza, sino un socio fiable.
Advertencia marroquí
Una fuente del Ministerio de Exteriores de Marruecos aseguró este lunes en un encuentro con la prensa internacional que el país advirtió a España sobre la posibilidad de una crisis provocada por la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio, que ilegalizó las expulsiones inmediatas de quienes llegan por mar. Según el funcionario, “hablamos sobre esta sentencia y su impacto. Explicamos que esta sentencia iba a generar un problema. Y efectivamente, lo generó”.
El diálogo entre ambos países comenzó alrededor del 22 o 23 de julio, cuando circularon rumores sobre la sentencia y las mafias intensificaron su actividad en redes sociales. El 24 de julio, el sindicato Independientes de la Guardia Civil describió una “difícil situación” para los agentes en Ceuta por el incremento de entradas de migrantes por vía marítima. Para el 27 de julio, la Delegación de Gobierno en Ceuta reportó una “presión extraordinaria” sobre los recursos de acogida.
La fuente marroquí consideró que la situación se amplificó por la viralización de mensajes y la acción de los traficantes. Para Marruecos, la sentencia del Supremo “desactivó el elemento disuasorio” y propició el cambio de paradigma que resultó en la entrada de decenas de miles de personas a Ceuta en pocos días.
En el Gobierno marroquí se insiste en que la gestión de los flujos migratorios es responsabilidad compartida. “No es responsabilidad exclusiva de Marruecos”, aseveró la fuente, que calcula el costo anual de los dispositivos en unos 500 millones de euros, mientras la financiación de la Unión Europea ronda los 145 millones. El funcionario reconoció que las fuerzas de seguridad marroquíes se vieron superadas por el volumen de personas y el “efecto llamada”. “Es simplista decir que Marruecos debería haber utilizado la fuerza para detenerlos. Eso es no comprender en absoluto el fenómeno”, señaló. “Si tienes a 40.000 personas, ¿a cuántas fuerzas de seguridad necesitarías?”, planteó.
La política migratoria marroquí se basa en un dispositivo preventivo y un elemento disuasorio, que quedó debilitado tras la sentencia del Supremo. “Lo que pasó el 8 de julio es que un juez español desactivó el elemento disuasorio”, afirmó.
El Ministerio de Exteriores marroquí mostró malestar por algunas reacciones políticas en España, acusando a ciertos dirigentes de instrumentalizar la situación con fines electorales. No obstante, la fuente subrayó que la coordinación entre Rabat y Madrid sigue siendo “perfecta” y que ambos gobiernos mantienen la cooperación como socios fiables.
Sobre el futuro de la gestión migratoria, la fuente insistió en que el control policial no basta. “El enfoque de seguridad está condenado al fracaso si no se combina con el desarrollo y las medidas de devolución”, dijo, y agregó que Marruecos no aceptará una gestión basada únicamente en la vigilancia fronteriza. “Es una responsabilidad compartida. Cada uno debe asumir sus responsabilidades”, concluyó.