Un relevamiento de la ONG Defendamos Buenos Aires contabilizó 266 denuncias por actuación de sectas entre enero y abril de 2025, el doble que en años anteriores. El debate sobre el término, los casos recientes y las políticas vinculadas.
El término «secta» no tiene una definición única en el ámbito académico. Mientras algunos especialistas lo reservan para organizaciones religiosas con fuerte control sobre sus miembros, otros prefieren la denominación «grupos coercitivos» o «organizaciones de alto control», que centran la atención en los métodos de manipulación y sometimiento. En los estudios religiosos se rechaza el uso de «secta» por considerarlo denigrante para minorías religiosas, aunque juristas internacionales lo utilizan para distinguir a las iglesias tradicionales de organizaciones totalitarias que operan bajo fachada espiritual.
Según Pablo Salum, activista de Librementes e impulsor de la Ley Antisectas, las políticas del gobierno actual favorecen el accionar de estos grupos. Entre ellas mencionó la Ley de Libertad Educativa, que consagra el homeschooling sin fiscalización presencial diaria, lo que «quita la escuela como la principal red de contención estatal para detectar abusos infantiles». También se opuso al proyecto de Ley de Falsas Denuncias, impulsado por la senadora Carolina Losada, que aumenta las penas para denuncias falsas en contextos de violencia de género o abuso sexual, por considerar que «desprotege a las víctimas». Además, criticó los blanqueos de capitales, a los que definió como «el paraíso perfecto para la impunidad de las organizaciones coercitivas».
En el plano institucional, el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata sufrió un ajuste del 94,5% en las partidas de rescate y acompañamiento a víctimas, y fue trasladado de la Jefatura de Gabinete al Ministerio de Seguridad, con el desplazamiento de unos 40 empleados y la salida de su director, Gustavo Vera. Un DNU de abril de 2025 le quitó a la Unidad de Información Financiera la facultad de querellar en causas de trata.
En cuanto a las condiciones sociales, Inés Jaureguiberry, defensora Pública de Víctima de la Provincia de Buenos Aires, afirmó que «todo deterioro en las condiciones económicas y sociales influye en el aumento de las condiciones de vulnerabilidad». La fiscal Laura Mazzaferri, especialista en trata, sostuvo que «siempre que se retira el estado de los territorios, permite la llegada de este y otro tipo de modalidades delictivas».
Durante el mes de abril de 2025 se conoció la detención en Bariloche de Konstantin Rudnev, ciudadano ruso condenado en Siberia por violar a seguidoras de su secta Ashram Shamballa. También se confirmaron 17 procesamientos de integrantes de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, que explotaba sexualmente a alumnas para enriquecer a Juan Percowicz, conocido como «El Ángel».
Según datos de la PROTEX, durante el primer semestre de 2026 las denuncias a la Línea 145 aumentaron un 62% respecto de todo 2025. La Fundación Alameda advirtió una baja en la tasa de rescates institucionales. La fundación internacional Walk Free estima que en Argentina hay 189 mil personas en condiciones de esclavitud moderna.
El periodista Juan Luis González, autor de la biografía no autorizada de Javier Milei, planteó que «La Libertad Avanza funciona como una secta en sentido estricto». Mencionó la percepción del presidente como enviado de Dios, la centralización del poder en Karina Milei, y la transformación de Luis Caputo tras una supuesta revelación profética. También señaló prácticas como tarot y reiki en el gabinete, y la persecución de disidencias internas.
El artículo original concluye que la noción de secta es amplia y puede estigmatizar a minorías religiosas, pero sostiene que define algo que ningún otro término encuentra: un grupo con líder totalitario que explota a sus seguidores.