Los captaban a través de una plataforma online y les prometían 3000 dólares mensuales; hay una mujer detenida y buscan a su pareja.
Una investigación que comenzó con cuatro argentinos a punto de abordar un vuelo hacia Europa derivó en el desbaratamiento de una organización que, según la Justicia Federal, reclutaba civiles, exmilitares y exintegrantes de fuerzas de seguridad para enviarlos a combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia.
En las últimas horas, la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo en Tigre a una mujer acusada de integrar la red, mientras que su pareja, señalado como el otro responsable del reclutamiento, permanece prófugo tras comprobarse que abandonó el país con destino a Brasil días antes del operativo.
El procedimiento fue realizado por efectivos del Departamento Antisecuestros Norte de la Superintendencia de Investigaciones Federales del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, en el marco de una causa que instruye el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Antonio Armella.
La pesquisa se inició en marzo de este año, cuando personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectó inconsistencias durante una entrevista de rutina realizada a cuatro hombres que se encontraban en la zona de preembarque del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y tenían como destino final Ucrania.
En un primer momento, los viajeros aseguraron que habían sido contratados por una empresa de construcción para realizar tareas de reparación en zonas afectadas por los bombardeos rusos. Sin embargo, cuando fueron interrogados por separado, las respuestas comenzaron a mostrar importantes contradicciones.
Los cuatro desconocían quién había comprado los pasajes, quién los había pagado, qué persona los recibiría al llegar al país europeo y cuáles serían concretamente las tareas que debían desempeñar. Tampoco contaban con pasajes de regreso, viajaban sin dinero suficiente para afrontar la estadía y afirmaban no conocer personalmente a quienes los habían contactado.
A través de plataformas digitales, los hombres admitieron que habían sido reclutados para incorporarse al frente de combate en Ucrania a cambio de un salario cercano a los US$ 3000 mensuales. Según declararon, nunca habían firmado un contrato y les habían asegurado que toda la documentación sería suscripta una vez llegados al país europeo. También revelaron que quienes organizaron el viaje les habían indicado que ocultaran el verdadero motivo del traslado y declararan que viajarían para trabajar en la construcción.
Frente a esos elementos, el juez Armella ordenó impedir que abordaran el vuelo y dispuso el inicio de una investigación por presuntos indicadores de trata de personas, que quedó a cargo del Departamento Antisecuestros Norte de la Policía Federal.
Durante los meses siguientes, los investigadores realizaron tareas de inteligencia, análisis de comunicaciones y vigilancia que permitieron identificar a los presuntos reclutadores y reconstruir la logística utilizada para trasladar a las víctimas hasta el aeropuerto. La pesquisa estableció que detrás del operativo existía una organización integrada por una pareja domiciliada en el partido bonaerense de Tigre.
Con las pruebas reunidas, el magistrado ordenó un allanamiento en una vivienda situada sobre la calle Alfonsina Storni, en ese distrito. Del procedimiento participaron efectivos del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF), personal del Grupo de Contención del Cuerpo de la Policía Montada (CPM), especialistas del Departamento Técnico del Cibercrimen y del Departamento Trata de Personas.
Durante el operativo fue detenida una mujer argentina, mayor de edad, señalada como una de las responsables del reclutamiento. Su pareja no fue encontrada en el domicilio. Las averiguaciones permitieron establecer que había salido del país con destino a Brasil el 29 de junio pasado, por lo que continúa siendo buscado.
En el allanamiento los efectivos secuestraron el teléfono celular de la detenida. Además, comprobaron que la mujer administraba una plataforma destinada a operar con criptoactivos, donde registraba fondos que ya habían sido inmovilizados por orden judicial antes de la ejecución del procedimiento.
Los investigadores aclararon que durante el operativo no fueron halladas otras posibles víctimas ni documentación vinculada directamente con maniobras de trata de personas, aunque el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados será clave para determinar el alcance de la organización, identificar a otros posibles reclutadores y establecer cuántas personas pudieron haber sido captadas bajo esta modalidad.
La detenida fue trasladada a la sede del Departamento Antisecuestros Norte para el cumplimiento de las diligencias procesales y posteriormente quedó incomunicada y alojada en la Alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones Federales, a disposición del juzgado interviniente.