El 26 de junio, Argentina firmó la adhesión a Pax Sílica, una alianza liderada por Estados Unidos para asegurar la cadena de suministro de minerales críticos para tecnologías avanzadas. A un mes del anuncio, no se conocen los detalles de los compromisos asumidos por el Gobierno de Javier Milei.
El 26 de junio, Argentina se adhirió a la iniciativa Pax Sílica, una alianza de países impulsada por el gobierno de Estados Unidos que busca asegurar la cadena de suministro global para el desarrollo de tecnologías avanzadas. El embajador Alejandro Oxenford participó del acto y la Cancillería realizó un anuncio oficial. Sin embargo, un mes después, no se ha difundido información sobre los compromisos asumidos por la gestión de Javier Milei.
La iniciativa, presentada por el subsecretario de Asuntos Económicos de Estados Unidos, Jacob Helberg, sostiene que “si el siglo XX se basó en el petróleo y el acero, el siglo XXI se basa en la computación y los minerales que la alimentan”. El objetivo declarado es contener el avance de China, el mayor productor tecnológico, mediante el control de la cadena de suministros, en especial de minerales críticos.
Según informó el Departamento de Estado de Estados Unidos, alrededor de 35 países se adhirieron a la alianza. No se ha precisado a qué se compromete cada país ni cuál es el beneficio de participar.
El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro presentó el 21 de julio un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que explique “qué acordó, bajo qué condiciones y con qué respaldo legal”. En su solicitud, requirió conocer el instrumento jurídico suscripto, denominado “Joint Statement on AI Opportunity Partnership”, y si los documentos tienen carácter vinculante. También preguntó si la firma configura un tratado internacional en los términos del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Ferraro consultó si la Pax Sílica guarda relación con el acuerdo sobre suministro en minería y procesamiento de minerales críticos firmado entre Argentina y Estados Unidos en 2026. Solicitó que se describan los compromisos asumidos por el país y que se detallen obligaciones, contrapartidas y beneficios concretos. También pidió precisiones sobre si Estados Unidos comprometió financiamiento, transferencia tecnológica o beneficios comerciales; si participaron empresas privadas en las negociaciones; si las provincias fueron consultadas; qué organismos nacionales intervinieron; y si el Poder Ejecutivo prevé remitir el entendimiento al Congreso para su aprobación.
El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, afirmó que su bloque también trabaja en presentaciones similares. Sostuvo que “es muy grave que se haya incorporado a la Argentina sin dar ninguna explicación ante la opinión pública o el Congreso”.
En el contexto de la adhesión, se menciona el reactor RA-10, desarrollado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) desde 2010. Según el especialista en reactores nucleares Tomás Avallone, el RA-10 podría producir alrededor de 80 toneladas de silicio dopado por transmutación neutrónica (NTD), un semiconductor clave para la industria tecnológica, suficiente para abastecer entre el 35 y el 40% de la demanda global. Avallone estimó que el reactor podría generar entre 120 y 200 millones de dólares anuales por la venta de NTD, radioisótopos para medicina nuclear y otros servicios.
Consultada por PERFIL, la CNEA aseguró que “no hay ninguna iniciativa” de privatización del reactor. No obstante, en el sector se menciona que la comisión avanzó en un protocolo para que privados nacionales e internacionales interesados en su adquisición puedan acceder a información clave.
PERFIL intentó comunicarse con la Cancillería y con el embajador Oxenford, pero no obtuvo respuesta.