El Gobierno de Colombia presentó el primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, un instrumento normativo que busca articular políticas públicas y promover acciones estatales para proteger y garantizar los derechos de toda la población.
El Gobierno de Colombia presentó oficialmente el primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, un instrumento normativo que busca articular políticas públicas y promover acciones estatales para proteger y garantizar los derechos de toda la población.
El acto de lanzamiento se realizó durante la jornada del miércoles 15 de julio de 2026, y estuvo encabezado por la consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Lourdes Castro García. Allí hubo presencia de delegados de organismos internacionales y grupos sindicales como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
El plan traza una hoja de ruta a diez años, con cerca de 200 acciones estratégicas diseñadas para enfrentar problemáticas y desafíos emergentes en materia de derechos humanos.
Según Castro García, se trata de “una deuda histórica de más de 30 años con la que estamos logrando una acción efectiva para la protección de los Derechos Humanos”, dijo en diálogo con Blu Radio, además de afirmar que se trata de una apuesta por “la reparación colectiva del movimiento sindical colombiano, una deuda pendiente de reconocimiento a un actor social tan victimizado en el país”.
La iniciativa fue construida de manera participativa y contó con el respaldo de la comunidad internacional, especialmente de ONU Derechos Humanos.
Durante la presentación, Scott Campbell, representante de la Oficina en Colombia, destacó que “será fundamental que exista una voluntad política sostenida, más allá de los cambios de gobierno, y que las acciones previstas cuenten con los recursos financieros y humanos, y las capacidades necesarias para hacer realidad el plan y lograr mayor respeto, protección y garantía de derechos humanos”.
El instrumento de articulación estatal, firmado por el presidente saliente, Gustavo Petro y el gabinete, busca enfrentar problemáticas estructurales como la pobreza, la desigualdad, la violencia y la falta de acceso a la justicia, con una lógica que privilegia “la participación social y el enfoque diferencial”.
De acuerdo con el decreto, que tiene una función regulatoria y directiva, la medida tiene su eje en la creación de un plan integral con alcance nacional, obligatorio para entidades de la Rama Ejecutiva y de orientación para gobiernos locales y órganos autónomos, a través de lineamientos derivados de tratados internacionales, la Constitución y el Acuerdo Final de Paz firmado en 2016, en respuesta directamente a recomendaciones de organismos como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.
En este plan, el Gobierno Petro reconoció un “bloqueo institucional”, y una “corriente de ineficacia” señalada por la Corte Constitucional y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se evidencia en la dispersión de competencias, duplicidad de esfuerzos y, como consecuencia, una acción estatal que resulta limitada frente a la magnitud del desafío en el país.
Frente a esto, la apuesta es la consolidación de un “modelo de intervención articulado” que oriente desde la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, en cabeza de la coordinación de políticas, monitoreo y evaluación.
Uno de los datos más destacados del Decreto 0585 es la garantía de una participación activa por parte de la sociedad civil en todas las fases del Plan. Según el texto, entidades estatales deberán proporcionar información oportuna, desarrollar diálogo abierto con grupos sociales y facilitar incluso la ejecución de acciones mediante convenios de asociación.
La nueva arquitectura institucional del plan incorpora una batería de enfoques diferenciales y transversales: enfoque basado en derechos humanos, de curso de vida, niñez y adolescencia, género, orientaciones sexuales e identidades diversas, étnico, campesino, discapacidad, territorial rural, víctimas del conflicto armado, seguridad humana.
El decreto también establece un riguroso mecanismo de seguimiento, monitoreo y evaluación, con un sistema de información único y obligatorio para entidades responsables, y participación efectiva del Comité Técnico Operativo en la verificación de resultados.
La financiación será cubierta principalmente con las apropiaciones presupuestales asignadas a las entidades responsables, aunque el decreto permite gestionar apoyos nacionales e internacionales adicionales según la normativa vigente. La implementación del plan tendrá un plazo de diez años, con controles de avance, revisión periódica y posibilidad de ajustes técnicos sin alterar la esencia normativa, salvo reformas sustanciales que requerirán trámite de decreto.