Multas de hasta 3.000 euros por instalar cámaras de vigilancia: cómo hacerlo legalmente

Con el inicio de la Operación Verano, la DGT advierte sobre las sanciones por colocar cámaras de seguridad en viviendas sin cumplir la normativa de protección de datos. Las multas pueden alcanzar los 3.000 euros por enfocar la vía pública o no colocar carteles informativos.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha iniciado la Operación Verano, período en el que muchas personas abandonan sus hogares para tomar vacaciones. Ante el temor a robos o allanamientos, algunos optan por instalar cámaras de vigilancia. Sin embargo, una instalación incorrecta puede acarrear sanciones económicas significativas.

Según datos del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, en 2025 se registraron 74.353 hurtos en viviendas en España, lo que afectó al 0,3% del total de 27.004.765 viviendas habitadas. Los delitos de allanamiento de morada y usurpación sumaron 14.875 casos, un 0,06% del parque inmobiliario. No obstante, la probabilidad de sufrir un incidente es baja.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) establece requisitos para la instalación legal de cámaras. La multa más común es por no colocar un cartel informativo visible en cada acceso grabado, que indique el responsable, la finalidad y cómo reclamar. La sanción oscila entre 1.000 y 6.000 euros.

Otra infracción frecuente es enfocar espacios no permitidos, como el balcón del vecino o la vía pública. Las multas por este motivo van de 600 a 3.000 euros, según la intencionalidad o reincidencia. Además, las grabaciones no pueden conservarse más de 30 días sin justificación.

Compartir imágenes por WhatsApp o redes sociales sin causa justificada también es sancionable. En mayo de 2025, una comunidad de vecinos recibió una multa de 20.000 euros (reducida a 12.000 por pronto pago) por difundir grabaciones en un grupo. El uso de reconocimiento facial sin evaluación de impacto previa puede elevar las sanciones hasta 50.000 euros.

En resumen, instalar una cámara de seguridad requiere cumplir con la normativa de protección de datos para evitar multas que pueden superar el costo del propio allanamiento.

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