Los 15 integrantes de la Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos, deportados desde Bolivia, solicitaron una reunión urgente con el canciller Pablo Quirno para entregar documentación que, según sostienen, desmiente las inconsistencias señaladas por el Gobierno argentino.
Buenos Aires, 18 de junio (NA) – Los 15 integrantes de la Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos que fueron deportados en el aeropuerto de La Paz exigieron al canciller Pablo Quirno una audiencia urgente para entregar documentación que, según afirmaron, desmiente las supuestas “inconsistencias” mencionadas en el comunicado oficial emitido por el Palacio San Martín.
La comitiva fue expulsada de Bolivia tras permanecer retenida durante siete horas en el aeropuerto de La Paz. Los miembros calificaron de “falsas” las afirmaciones del ministro en redes sociales y le reclamaron que “acepte tener una reunión como corresponde” en lugar de avalar la expulsión dispuesta por la administración boliviana de Rodrigo Paz Pereira.
El lunes pasado, el ministro de Relaciones Exteriores expresó a través de un comunicado en redes sociales que “se habrían verificado inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso al país y las actividades anunciadas” por la Misión Humanitaria argentina a Bolivia, conformada por legisladores, diputados y referentes políticos, sociales y de derechos humanos argentinos. En el escrito, sostuvo que el gobierno boliviano ejerció sus “facultades soberanas” para deportar a sus integrantes, entre los que se encontraban el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino y la legisladora porteña del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) Vanina Biasi.
“Quirno debería dejar de hacer afirmaciones falsas en redes sociales, trabajar y aceptar tener una reunión como corresponde”, respondieron los integrantes de la Misión.
Según relataron, al arribar a La Paz fueron retenidos durante horas en el área de Migraciones, donde les retuvieron documentos y pretendieron hacerlos ingresar a una sala denominada “Sala Inadmitidos”. Denunciaron que llevaron por la fuerza a uno de los miembros a esa sala, donde lo mantuvieron incomunicado hasta que, tras reclamos, fue liberado y retornó a la Argentina junto a la delegación.
También afirmaron que las autoridades migratorias bolivianas “se negaron a esperar la llegada de los funcionarios del Consulado Argentino al Aeropuerto de La Paz” y que “hicieron uso de la fuerza para hacernos subir a un avión de regreso a Santa Cruz de la Sierra, sin habernos entregado hasta ese momento nuestros documentos”. La situación duró aproximadamente siete horas. “Ninguno de estos atropellos ameritó comentario de repudio por parte del canciller”, señalaron.
Los miembros de la delegación acusaron al gobierno de Rodrigo Paz Pereira de tomar una “decisión política” para ocultar la crisis social que atraviesa Bolivia. La expulsión coincide con un escenario de tensión civil en el país vecino, donde agrupaciones sindicales alertan sobre el riesgo de que el Poder Ejecutivo dicte el “Estado de Excepción”. La preocupación aumentó tras la promulgación de la Ley 1740 el pasado 8 de junio, que faculta el despliegue conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía para reprimir protestas y desbloquear rutas.
Para fundamentar la necesidad de la veeduría internacional, la delegación citó cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo de Bolivia hasta el 8 de junio: diez personas fallecidas en poco más de un mes de conflicto, 37 heridos en manifestaciones y 365 civiles arrestados. Organizaciones campesinas elevan el balance a 8 asesinatos adicionales y denuncian presuntos secuestros ejecutados por grupos civiles armados.
Ante las afirmaciones de Quirno sobre supuestas inconsistencias, los activistas y legisladores argentinos aseguraron contar con pruebas como la aprobación del ingreso por parte de Migraciones del Aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, donde la comitiva realizó una escala. Además, declararon explícitamente que viajaban en carácter de Misión de Derechos Humanos y detallaron su itinerario completo. Días antes del viaje, entregaron una nota formal ante la Embajada de Bolivia en Argentina.
Para ratificar la legitimidad de su viaje, hicieron público el respaldo de senadores nacionales como Richard Espada Ugarte y Judith Rosario García, y los diputados Sonia Siñani Callisaya y Víctor Maranza Mamani. También detallaron el respaldo de organismos como la Liga Boliviana de Derechos Humanos, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Regional Provincias – La Paz (APDHRP-LP), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.
Los miembros anunciaron que acompañarán la manifestación convocada para el próximo miércoles 17 de junio por la Comunidad Boliviana residente en Argentina, y propusieron una audiencia en el Congreso de la Nación para informar al Poder Legislativo sobre lo ocurrido. “Vamos a seguir bregando por el pleno respeto a los derechos a protestar y a expresarse del pueblo de Bolivia”, concluyeron.