Con el respaldo de sus aliados, el oficialismo consiguió dictámenes de mayoría en comisiones para el régimen de grandes inversiones y el acuerdo con dos holdouts. Ambos proyectos buscan ser tratados en el recinto el 24 de julio.
El oficialismo avanzó este miércoles en comisiones de la Cámara de Diputados con dos proyectos prioritarios para el Gobierno: el régimen de Súper RIGI y el acuerdo de pago a dos fondos buitre. Ambos dictámenes obtuvieron mayoría de firmas y se espera su tratamiento en el recinto el próximo 24 de julio.
Súper RIGI: modificaciones y apoyo
El proyecto de Súper RIGI establece un marco de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años para proyectos de inversión en nuevas actividades económicas –industriales, tecnológicas o de servicios vinculados a infraestructura digital– que impliquen un desembolso mínimo de 1.000 millones de dólares, con un 20% comprometido en los primeros dos años. Excluye a sectores que ya hayan ingresado al RIGI y a proyectos sobre instalaciones preexistentes.
El texto original fue modificado en ocho puntos, entre ellos la incorporación de una cláusula impulsada por el MID que exige un compromiso de inversión en proveedores locales de al menos el 20% del total del proyecto. El PRO solicitó la creación de un registro público de proyectos y un proceso de evaluación previo a la prórroga. El dictamen reunió 61 firmas de legisladores de La Libertad Avanza, PRO, UCR, MID y aliados provinciales.
El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, se opuso al proyecto y sostuvo que “con esto vamos de cabeza, ante cualquier situación, ante el CIADI”. Agregó que se omitieron debates sobre “qué inversiones queremos traer, bajo qué condiciones y hacia qué modelo económico queremos apuntar”.
Pago a fondos buitre: dictamen de mayoría
En la misma reunión plenaria se dictaminó el proyecto que autoriza el pago de 171 millones de dólares a los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund, correspondientes a bonos en default de 2001. Los funcionarios Sebastián Amerio (Procurador del Tesoro) y Juan Ignacio Sampalija (Secretario Legal del Ministerio de Economía) explicaron que se alcanzó un recorte del 35% con Attestor (104 millones de dólares) y del 30% con Bainbridge (67 millones).
Los funcionarios afirmaron que el acuerdo “elimina el riesgo de intentos de embargos y discovery sobre nuestra República” y aclararon que los gastos legales quedan a cargo de los acreedores. El proyecto ya fue aprobado en el Senado con 40 votos a favor y 22 en contra.
El peronismo presentó su propio dictamen de rechazo. La diputada Vanesa Siley consideró que el acuerdo “puede resolver la afectación del principio de equidad con los otros acreedores, porque sino nuestro país se encuentra en la situación de premiar a los vivos con mucho poder”.