El fiscal federal Fernando Domínguez solicitó este miércoles que el exdiputado de La Libertad Avanza José Luis Espert sea indagado por lavado de dinero, por sus vínculos con el empresario Fred Machado.
El fiscal federal Fernando Domínguez solicitó este miércoles que el exdiputado de La Libertad Avanza José Luis Espert sea indagado por lavado de dinero, en el marco de una investigación por sus vínculos con el empresario Fred Machado.
La sospecha tiene su origen en que Espert recibió una transferencia de 200.000 dólares de Machado y realizó operaciones de compra de autos de alta gama. El fiscal también incluyó en la indagatoria a la sociedad comercial del exlegislador, Varianza SA, por informes contables falsos para justificar el origen del dinero. Además, se presentó un pedido de indagatoria para Mariano Cosentino, contador de Espert. El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli deberá resolver los pedidos.
La causa que tiene como protagonista a Espert gira alrededor de su relación con Machado. El empresario, quien financió y brindó apoyo al exdiputado en su primera candidatura presidencial en 2019, era investigado por maniobras ligadas al narcotráfico y en mayo admitió ante la Justicia norteamericana haber cometido delitos de fraude y lavado de dinero.
De acuerdo al expediente, uno de los principales argumentos del fiscal para investigar a Espert es una transferencia de 200.000 dólares que Machado envió al exdiputado en 2020. De acuerdo a un contrato firmado entre ambos, la cifra total ascendía a un millón de dólares. Según explicó públicamente tras estallar el escándalo, el dinero correspondía a un contrato de consultoría con Machado para asistirlo en una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía cuestionó esa versión debido a que el exfuncionario jamás viajó a dicho país y no existen evidencias concretas de sus operaciones.
A la espera de la indagatoria, el dirigente liberal tiene congelados todos sus bienes: está impedido de vender propiedades y no puede disponer del dinero en sus cuentas, salvo fondos autorizados por la Justicia para afrontar gastos corrientes.