El PSOE no aplica la suspensión cautelar de militancia al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras la apertura de diligencias en la Audiencia Nacional, invocando una cláusula antilawfare aprobada en 2024. En contraste, figuras como José Luis Ábalos y Santos Cerdán fueron apartadas sin imputación formal.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) no ha iniciado el proceso de suspensión de militancia contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, pese a que la Audiencia Nacional abrió diligencias por presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de dinero. Según fuentes de la dirección del partido, no existen aún “pruebas concluyentes” que lo incriminen.
El artículo 90.2 de los Estatutos Federales del PSOE establece la suspensión cautelar de la militancia en casos de procedimientos penales abiertos. Sin embargo, el último Congreso Federal, celebrado en diciembre de 2024, incorporó una “cláusula antilawfare” que permite blindar a militantes citados judicialmente si se considera que la causa tiene “fines políticos”. Esta cláusula fue activada previamente para el exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, investigado por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz.
En contraste, el partido actuó con rapidez en los casos de José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización, y Santos Cerdán, su sucesor en el cargo. A Ábalos se le abrió expediente y se le exigió entregar su acta de diputado en 24 horas tras la detención de su exasesor Koldo García, sin que en ese momento estuviera imputado o señalado en la causa por compra irregular de material médico durante la pandemia. La cúpula socialista argumentó “responsabilidad política”.
Santos Cerdán, por su parte, mantuvo el respaldo del partido hasta que apareció el primer informe de la Unidad Central Operativa (UCO) con su nombre. En ese momento tampoco estaba imputado formalmente, pero fue suspendido de su militancia.
El mismo criterio se aplicó en casos de presunto acoso sexual que involucraron a miembros socialistas en federaciones territoriales, como el líder en Torremolinos, Antonio Navarro; el alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera, y concejales de diversos consistorios, al considerarse vulneraciones del reglamento de conducta cívica y ética de los Estatutos Federales.
Zapatero está citado a declarar el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional. La investigación lo vincula con una red que gestionó ayudas públicas a la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros, según indicios de la Policía Nacional. El Gobierno español espera que su declaración aclare su situación, mientras se prevén nuevas revelaciones que podrían afectar la legislatura.