La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) no fue alcanzada por el recorte presupuestario de $2,8 billones dispuesto en mayo, y mantuvo sus recursos en $97 mil millones, de los cuales $19 mil millones están destinados a gastos reservados. En lo que va del año, ejecutó $3.796 millones en ese ítem.
El 11 de mayo, mediante la decisión administrativa 20/2026 firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se oficializó una reducción del presupuesto nacional en $2,8 billones para 211 programas, entre ellos los vinculados a salud y educación. La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) no fue incluida en esos recortes y mantuvo sus recursos en $97 mil millones, de los cuales $19 mil millones corresponden a gastos reservados, fondos cuyo uso no es público por razones de seguridad.
Durante la misma semana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, impulsó la designación del diputado Sebastián Pareja como presidente de la comisión bicameral de Fiscalización y Seguimiento de Organismos y las Actividades de Inteligencia. Esta comisión tiene la facultad de examinar los gastos reservados de la SIDE. Según datos del presupuesto abierto verificados por PERFIL, el organismo a cargo de Cristian Auguadra devengó $3.796 millones en gastos reservados en lo que va del año, de los cuales $1.320 millones se gastaron en los últimos dos meses.
El diputado nacional por la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, declaró a PERFIL: “No tengo dudas de que hay sobresueldos. Se podrían estar pagando a través de transferencias cripto a los funcionarios, gastos reservados de SIDE y contratos de consultoría de algunas empresas públicas del Estado nacional”.
La comisión bicameral, conforme a la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), tiene la facultad de controlar e investigar de oficio todas las acciones vinculadas con la SIDE, emitir opiniones sobre proyectos legislativos vinculados a actividades de inteligencia, intervenir en la elaboración del presupuesto nacional destinado al organismo y elaborar anualmente un informe reservado con los resultados de la fiscalización.
El 12 de mayo, la comisión quedó conformada por cinco miembros del oficialismo (Sebastián Pareja, Gabriel Bornoroni, César Treffinger, Agustín Coto y Ezequiel Atauche); tres de Unión por la Patria (Rodolfo Tailhade, Agustín Rossi y Ramiro Gutiérrez); dos del PRO (Martín Goerling y Cristian Ritondo); el senador radical Maximiliano Abad; y las senadoras Carolina Moisés (Convicción Federal) y Edith Terenzi (Despierta Chubut).
Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, el presupuesto total de la SIDE creció un 546%: pasó de $15 mil millones a $97 mil millones actuales. Esto representa 325 puntos porcentuales por encima de la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y abril de 2026 (221,6% según el Indec). El monto asignado a gastos reservados creció un 2.823%, al pasar de $640 millones a $19 mil millones. En personal, la SIDE ejecutó $20 mil millones de los $56 mil millones disponibles, con un crecimiento del 366% desde 2023.
De acuerdo con el análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la Administración Pública Nacional mostró una caída real del gasto total del 32% en comparación con igual período de 2023. En ese contexto, la SIDE registró un incremento real del 25% en su ejecución. A mayo, la ejecución presupuestaria del organismo alcanzó el 29%, superior a la de programas como atención médica a personas con discapacidad (10%) y mayor a 62 de los 91 programas del Ministerio de Salud.
La cartera de Salud, a cargo de Mario Lugones, registró una caída presupuestaria de $70 mil millones, según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). Los programas más afectados fueron fortalecimiento de sistemas provinciales de salud ($25 mil millones menos) y acceso a medicamentos e insumos médicos ($20 mil millones menos). Por estos recortes, se convocó a una marcha federal por la salud pública con participación de trabajadores sanitarios, organizaciones de pacientes, sindicatos y universidades. El Instituto Argentina Grande informó que más de 740 mil personas perdieron su cobertura privada de salud desde el inicio de la actual administración, lo que incrementó la demanda en los servicios públicos provinciales.
El Ministerio del Interior fue el que más recursos perdió en porcentaje: un 38% (unos $320 mil millones), principalmente en Aportes del Tesoro Nacional.