El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó una ley que modifica la gestión de herencias para agilizar la distribución de bienes, disminuir la intervención judicial y facilitar el acceso a los beneficiarios directos.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó la ley HB 1337, que introduce cambios en el Código de Sucesiones del estado con el objetivo de reducir la burocracia procesal en la gestión de herencias. La mayor parte de las disposiciones comenzará a aplicarse a partir del 1 de julio.
La reforma otorga a los representantes personales la autoridad para gestionar activos sin necesidad de órdenes judiciales continuas. Esto permite a los ciudadanos evitar desembolsos legales excesivos en herencias que no presentan conflictos entre los familiares.
Entre los puntos destacados de la ley se encuentra el aumento de los límites financieros que determinan qué sucesiones son aptas para procesos simplificados. Esta modificación permite que más familias accedan a la administración sumaria, un trámite más económico. Hasta ahora, el sistema establecía restricciones rigurosas que requerían supervisión judicial continua para herencias pequeñas.
La actualización de los valores busca adecuar el marco legal a la inflación y a las condiciones económicas actuales, posibilitando que bienes de tamaño medio eviten el juicio ordinario.
Asimismo, la ley HB 1337 modifica la forma en que se recuperan saldos pendientes con organismos federales. El Departamento del Tesoro podrá reembolsar sobrepagos de impuestos de personas fallecidas con un límite más alto: la cantidad máxima para estos reembolsos directos a los herederos se duplica, de 2500 a 5000 dólares. Esta actualización reduce la carga administrativa para las familias y las oficinas del gobierno.
Los protocolos establecidos por la reforma garantizan que las instituciones financieras liberen fondos de manera más rápida. Además, cuando el difunto no dejó un testamento explícito, la regulación establece cómo se deben manejar las propiedades inmobiliarias, con el fin de evitar que las casas permanezcan en un vacío legal hasta que se designe a un administrador oficial.