La investigación de la fiscalía federal de Mar del Plata reveló que una organización criminal operaba desde dos módulos del complejo penitenciario de Batán, donde controlaban el alquiler de armas largas y cometían robos, usurpaciones y tráfico de drogas.
En una causa llevada adelante por la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, a cargo del fiscal federal Santiago Eyherabide, fueron imputadas siete personas que inicialmente eran investigadas por comercio de estupefacientes. La operatoria acreditó la presunta conformación de una asociación ilícita dedicada a cometer diversos delitos, según informó el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal.
La imputación señala que el grupo criminal también se dedicaba a cometer robos violentos, usurpaciones, circulación ilegal de armas y otros hechos violentos. A sus integrantes se les atribuyen delitos vinculados con la tenencia ilegal de armas de fuego y el comercio y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
El comando y control de esta asociación ilícita, que operaba en Mar del Plata, estaba instalado en dos unidades del complejo penitenciario de Batán. En esos módulos se encontraba alojada la pareja señalada por los investigadores como responsable de organizar la actividad delictiva de sus secuaces. Los investigadores sostienen la hipótesis de que alquilaban armas largas de gran poder y volumen de fuego.
En los allanamientos realizados a mediados de abril fueron decomisadas carabinas calibre 22 largo (réplicas semiautomáticas de fusiles de asalto), escopetas calibre 12/70 y varias armas de puño. Para mantener comunicaciones y el control sobre la banda, el cabecilla alojado en un pabellón de alta seguridad de Batán tenía siete celulares, encontrados durante la requisa de su celda.
Con la imputación formal, los acusados tendrán medidas adicionales de vigilancia para evitar que accedan a teléfonos móviles. El fiscal federal explicó que, más allá de los delitos vinculados al narcotráfico, se detectó un despliegue criminal que incluía robo, comercio de armas, actos de violencia y comercio de drogas, con el territorio como eje centralizador.
Los acusadores apelarán a figuras jurídicas enmarcadas en la recientemente sancionada “ley antimafia” para elevar la expectativa de pena de cada imputado en el juicio. La investigación fue convalidada por el juez federal de Garantías Santiago Inchausti, quien fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación y dispuso la prisión preventiva de los imputados por ese mismo término, con excepción de una mujer y un menor, para quienes estableció la medida por 30 días.
Los datos que permitieron estas acciones surgieron de una investigación iniciada en septiembre pasado, que incluyó casi 15.000 horas de escuchas telefónicas sobre distintas líneas celulares, algunas en uso dentro de dependencias carcelarias. La labor de la Dirección de Investigación de Cibercrimen también permitió determinar que ejecutaban robos a mano armada, en particular de vehículos.