Un tribunal laboral brasileño ordenó la exclusión temporal del fabricante chino de la denominada ‘lista sucia’, tras considerar que su inclusión podría haber sido ilegal. La medida se produce tras el anuncio de nuevas inversiones de la empresa en el país.
Un tribunal brasileño emitió una orden judicial que excluye, de manera provisional, al fabricante de automóviles chino BYD del Registro de Empleadores que sometieron a trabajadores a condiciones análogas a la esclavitud, conocido popularmente como la «lista sucia». La decisión se produce apenas un día después de que se conociera la inclusión de la empresa en dicho registro.
La orden, fechada este miércoles y emitida por el juez Luiz Fausto Marinho de Medeiros, indica que incluir a la empresa en la lista fue posiblemente ilegal, ya que la decisión se basó en la premisa de que BYD era el verdadero empleador de los trabajadores. La resolución es apelable, según informó la agencia Reuters.
La firma fue incorporada al caso en 2024, luego de que un contratista de BYD empleara a 163 trabajadores para la construcción de su planta en Camaçari, estado de Bahía. Según los reportes, algunos de esos trabajadores tenían contratos que estipulaban la entrega de sus pasaportes, el envío directo de la mayor parte de sus salarios a China y el pago de un depósito de casi 900 dólares, recuperable solo después de seis meses de trabajo. Las autoridades describieron sus condiciones de alojamiento como «degradantes». En total, fueron rescatados 224 trabajadores.
En su momento, las autoridades brasileñas afirmaron que BYD era, en última instancia, responsable de las condiciones de los trabajadores, ya que debía supervisar a sus contratistas. Ser incluido en la «lista sucia» impide a las empresas obtener ciertos tipos de préstamos de bancos brasileños, además del daño reputacional.
BYD Brasil no respondió al pedido de comentarios solicitado por medios locales, tal como tampoco lo hizo el Gobierno a través de sus voceros oficiales. La empresa había declarado previamente que no tenía conocimiento de ninguna infracción hasta que los medios brasileños publicaron informes a fines de noviembre de 2024.