El gobierno porteño formalizó un reclamo económico a la provincia de Buenos Aires por los costos de asistir a personas con domicilio bonaerense en su territorio, en el marco de la normativa nacional vigente.
El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó un reclamo formal a la provincia de Buenos Aires por un monto superior a los $27.000 millones. El motivo es la atención brindada a personas en situación de calle con domicilio en la provincia que reciben asistencia dentro de la jurisdicción porteña.
Según datos oficiales citados por la administración de Jorge Macri, al menos 2.327 personas con domicilio bonaerense son asistidas en los Centros de Inclusión Social (CIS) de la Ciudad. Esta asistencia genera, según el cálculo porteño, un costo mensual por persona de $1.163.135.
El fundamento del reclamo se basa en el Decreto Nacional 373/2025, que establece que cada jurisdicción debe hacerse cargo de la atención de esta población dentro de su propio territorio. Los ministros de Desarrollo Humano y Hábitat, y de Hacienda de la Ciudad, Gabriel Mraida y Gustavo Arengo, formalizaron la exigencia de transferencia de recursos ante el ministro de Economía bonaerense, Pablo López.
Desde la Ciudad se argumenta que los fondos destinados a esta asistencia provienen del presupuesto local y podrían utilizarse en otras áreas prioritarias. Señalan, además, que la provincia cuenta con herramientas legales propias, como el Programa de Asistencia Integral creado por la Ley 13.956, para abordar la situación.
La Ciudad de Buenos Aires sostiene una red de 61 Centros de Inclusión Social que alojan a más de 4.600 personas y ofrecen servicios integrales. Sin embargo, afirma que parte de esta infraestructura está absorbiendo una demanda que excede su jurisdicción.
El conflicto pone en evidencia la complejidad de coordinar políticas sociales en el área metropolitana, donde las fronteras administrativas no siempre coinciden con la dinámica territorial de la exclusión social.