El Gobierno convoca a audiencia pública para definir al nuevo titular de la UIF

La medida se da tras la renuncia de Paulo Starc. El proceso apunta a evaluar impugnaciones al candidato propuesto antes de su designación formal.

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El Ministerio de Justicia oficializó este miércoles la convocatoria a audiencia pública para avanzar en la designación del presidente de la Unidad de Información Financier (UIF), el organismo clave en la prevención del lavado de dinero. La decisión se formalizó a través de la Resolución 129/2026, publicada en el Boletín Oficial, en el marco del procedimiento previsto por la Ley 25.246, que regula el funcionamiento del ente.

La medida llega luego de que el Gobierno aceptara la renuncia del titular de la UIF, Paulo Starc, mediante el Decreto 45/2026, lo que dejó vacante la conducción del organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

Según la normativa vigente, la designación del presidente de la UIF requiere la realización de una instancia de participación ciudadana. En ese sentido, la resolución establece que “se convoca a la Audiencia Pública” para evaluar observaciones a la candidatura propuesta.

La UIF define nuevo titular

De acuerdo con el anexo oficial, la audiencia tendrá como objetivo analizar las impugnaciones o adhesiones al candidato Matías Gabriel Álvarez, propuesto para encabezar el organismo. El encuentro se realizará el 22 de abril a las 10 en la sede del Ministerio de Justicia, ubicada en la calle Sarmiento 329 de la Ciudad de Buenos Aires, y estará encabezado por el propio ministro, Juan Bautista Mahiques.

La organización del proceso quedará a cargo de la Unidad Gabinete de Asesores, que también tendrá la facultad de dictar las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de la audiencia.

Resolución 129/2026 audiencia publica uif

Además, se estableció que los interesados podrán inscribirse para participar desde el 1° de abril y hasta 48 horas antes de la audiencia, mientras que el informe final deberá elaborarse dentro de los plazos fijados por la ley.

Con este paso, el Gobierno pone en marcha el mecanismo formal para cubrir un cargo estratégico en el sistema antilavado, en medio de la transición abierta tras la salida de Starc.

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