El Gobierno apeló al fallo que ordenaba la ejecución inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad en todo el país. El recurso fue presentado ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.
Desde el Gobierno sostuvieron que el fallo del juez Adrián González Charvay interfiere con las facultades del Poder Ejecutivo al obligar a efectuar un gasto sin definir la fuente de financiamiento, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal.
Ante esto, la Procuración del Tesoro de la Nación, con la firma del procurador Santiago Castro Videla, apelaron al fallo por “causar agravio al Estado Nacional”.
El juez federal de Campana Adrián González Charvay había declarado nulo el artículo 2 del decreto presidencial 681/2025 y ordenó la “inmediata aplicación” de la ley (vigente hasta fines de 2027).
El juez concedió la apelación «con efecto devolutivo”, lo que implica que el fallo apelado seguirá vigente mientras la causa es revisada por la Cámara Federal de San Martín. Además, dio un plazo de cinco días al Estado para fundar el recurso.
El Poder Ejecutivo promulgó la norma, pero suspendió su ejecución ya que sostiene que la ley fue aprobada sin especificar las fuentes de financiamiento necesarias para cubrir sus costos. Según el Gobierno, esta omisión hace inviable su aplicación y afecta directamente la administración del gasto público y el programa de equilibrio fiscal.
Desde el Ejecutivo se sostiene en que la Justicia avanzó sobre facultades propias del Ejecutivo al inmiscuirse en la elaboración del presupuesto.
La demanda inicial provino de dos familias con hijos con Certificado Único de Discapacidad, que presentaron un amparo ante el impacto de la suspensión en tratamientos y servicios.
Por su parte, el Juzgado Federal de Campana argumentó en su sentencia que los derechos constitucionales a la salud, la educación y la rehabilitación de las personas con discapacidad deben prevalecer frente a las restricciones presupuestarias. La resolución judicial recordó, además, los compromisos que el Estado argentino ha asumido en tratados internacionales sobre derechos humanos.
La decisión final sobre la vigencia inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la definición de los límites entre los poderes del Estado quedará ahora en manos de la Cámara Federal de San Martín.
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