El Comit contra la Tortura de la ONU realiz un informe sobre el accionar del gobierno de Javier Milei y manifest cuestionamientos respecto del uso excesivo de la fuerza en marchas y manifestaciones, la detencin prolongada de personas en comisaras, los abusos policiales, el aumento de las denuncias de tortura y malos tratos a personas privadas de libertad, y la impunidad en la investigacin de esos hechos.
Tambin cuestion el agravamiento de las condiciones de reclusin, las muertes en custodia, los presos de «alto riesgo» y el rgimen de aislamiento, la falta de cumplimiento de los tratados internacionales sobre asilo poltico, reparacin, los problemas del sistema de salud mental y las «comunidades teraputicas» y el aumento de casos de trata de personas.
Qu determina este organismo de la ONU
El Comit contra la Tortura de la ONU -CAT- es el organismo que vela por el cumplimiento de la Convencin Internacional sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, aprobada por ley en Argentina en 1986.
Entre el 12 y 13 de noviembre pasado, el comit recogi la informacin de ms de 20 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Comit Nacional para la Prevencin de la Tortura CNPT, la Comisin Provincial por la Memoria y Centro de Estudios Legales y Sociales, sobre el creciente aumento violencia policial y represin estatal de la administracin libertaria.
Negacionismo
El Comit manifest su «consternacin por el desmantelamiento de equipos y programas encargados de investigar y analizar la documentacin y los archivos existentes respecto del accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura militar y los recortes presupuestarios a varias instituciones que trabajan en cuestiones de memoria, verdad y justicia».
Al mencionar sus recomendaciones anteriores, dijo que la Argentina «debe continuar sus esfuerzos para investigar todas las denuncias de crmenes de lesa humanidad, incluidas aquellas que involucren torturas y desapariciones forzadas cometidas durante la ltima dictadura cvico-militar, proveer los recursos necesarios para ello, y garantizar la preservacin y el acceso a archivos estratgicos para las investigaciones judiciales e histricas, y seguir garantizando la reparacin integral de las vctimas y/o sus familiares, de conformidad con lo dispuesto en la Convencin».
Uso y abuso de las fuerzas
Bajo el ttulo: «Uso excesivo de la fuerza en contexto de protestas», el Comit mantuvo su preocupacin respecto de la resolucin 125/2024 del Ministerio de Seguridad Nacional sobre uso de armas de fuego, porque «debilitan la obligacin de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales de identificarse durante los operativos y amplan su discrecin para recurrir al uso de armas de fuego ante la mera sospecha de la comisin de un delito grave».
Tambin sostuvo su alarma respecto la resolucin 704/2024 que establece un reglamento para el uso de armamento no letal –que las organizaciones de derechos humanos denominan «meno letal»– por parte de las fuerzas policiales y de seguridad federal, porque no especifica las situaciones en las que pueden utilizarse dichas armas.
Protocolo Anti Piquetes
Otro punto de preocupacin del CAT es la resolucin 943/2023 (protocolo Anti Piquetes) porque no incluye criterios claros para limitar el uso de armas menos letales. El Comit lament la falta de respuesta a la solicitud de informacin respecto de quin y cmo se adoptan las decisiones para invocar este protocolo.
Adems, consider que el protocolo habilita una «presuncin automtica de flagrancia en casos de cortes de ruta» y la «ampliacin de las facultades discrecionales de las fuerzas de seguridad en este tipo de situaciones, sin las salvaguardias necesarias para evitar restricciones indebidas al derecho de manifestacin».
Abuso policial
Sobre los abusos policiales, el nfasis estuvo puesto en las denuncias de actos de violencia desproporcionada por parte de efectivos policiales, as como un uso excesivo de la fuerza durante arrestos, especialmente en situaciones de flagrancia y registros policiales.
El Comit expres «su seria preocupacin por las situaciones de detencin prolongada, incluyndose informes de casos en los que algunas personas han sido retenidas por ms de seis meses o inclusive ms de un ao, en comisaras y otras dependencias policiales, que, por su propia naturaleza, no estn diseadas para estancias de larga duracin».
Detenciones
«El Comit expuso su preocupacin por las deficiencias en el derecho de las personas privadas de libertad a ser informadas de las razones de la detencin y de los cargos que se les imputan, especialmente en los arrestos realizados en la va pblica en situaciones de flagrancia o en el marco de registros policiales sin orden judicial, que afectaran particularmente a nios y nias, personas trabajadoras sexuales y personas en situacin de calle, principalmente aquellas que padecen enfermedades de salud mental».
Respecto a los informes que indican un aumento de las denuncias por malos tratos en establecimientos penitenciarios y dependencias policiales desde 2024, el Comit manifest su particular inquietud por «actos de tortura y/o malos tratos, como golpes, amenazas, humillaciones, prcticas violentas de «bienvenida» e interrogatorios coercitivos, presuntamente cometidos por agentes penitenciarios y de polica».
Baja en la edad de imputabilidad
Otro motivo de alerta, fue el elevado nmero de nios, nias y adolescentes privados de libertad en el pas, su internamiento en centros alejados de sus familias, la imposicin de penas superiores a diez aos de privacin de libertad y las condiciones inadecuadas en dichos centros.
«El Comit comparte las preocupaciones expresadas por otros rganos creados en virtud de tratados de derechos humanos respecto del proyecto de ley actualmente en trmite, que, de ser aprobado, reducira la edad mnima de responsabilidad penal de 16 a 14 aos».