La norma, que entrará en vigor en enero de 2027, exige el envío mensual de liquidaciones salariales, recibos de haberes y comprobantes bancarios a través del sistema F.U.T.U.R.O. Un especialista en temas legales del agro cuestiona la carga administrativa y la superposición con datos ya disponibles en ARCA.
El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires estableció mediante la Resolución 260/2026 que, a partir de enero de 2027, los empleadores alcanzados deberán informar mensualmente sus liquidaciones salariales, adjuntar los recibos de haberes y los comprobantes de acreditación bancaria del personal comprendido, y firmar digitalmente una nueva declaración jurada. El trámite se denomina F.U.T.U.R.O. y se anuncia como gratuito.
Según el texto de la norma, el incumplimiento o la presentación tardía del formulario puede derivar en sanciones, incluso si el empleador mantiene registrado a todo su personal, ha pagado los salarios en término y ha ingresado los aportes.
Un especialista en temas legales del agro señaló que la resolución introduce un costo adicional para las empresas. Sostuvo que una pyme que terceriza la liquidación de sueldos deberá reunir archivos del contador y del banco, cotejar nóminas, conciliar pagos complementarios, armar un PDF por cada tipo de respaldo, obtener la firma y guardar la constancia. Añadió que parte de ese costo se reflejará en la factura del estudio contable y el resto se pagará con horas del personal propio.
El autor del análisis afirmó que la medida funciona como «una suerte de impuesto burocrático sobre el empleo registrado» y que la carga se multiplica con el volumen de la nómina, especialmente en establecimientos rurales que incorporan personal para la cosecha.
Asimismo, indicó que ARCA ya recibe la registración de los trabajadores y las declaraciones de la seguridad social, y que para los empleadores comprendidos en el Libro de Sueldos Digital también recibe el detalle de las liquidaciones por trabajador. En ese sentido, sostuvo que si el Ministerio bonaerense necesita acceder a esos datos, corresponde que gestione los acuerdos y mecanismos de intercambio que la ley permita.
Respecto del comprobante bancario, el especialista señaló que permite verificar si el salario liquidado se acreditó efectivamente y que el Ministerio puede requerirlo cuando investiga una denuncia, detecta inconsistencias o realiza una inspección. No obstante, consideró que para exigirlo de todos los empleadores, respecto de todo el personal comprendido y todos los meses, debería acreditar por qué esos controles dirigidos resultan insuficientes.
En materia de legalidad, el análisis menciona que la Ley provincial 10.149 faculta a la autoridad laboral a requerir información y a exigir la exhibición de documentación. Agrega que convertir esa facultad en un deber general, permanente y sancionable exige identificar la habilitación legal y justificar la proporcionalidad de la carga. También hace referencia a la Ley de Modernización Laboral, que al reformar el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo estableció la suficiencia de la registración ante ARCA.
Finalmente, el especialista propone que la Provincia suspenda la entrada en vigor de la obligación, mida el costo para el campo, la industria y el comercio, y demuestre qué incumplimientos detectaría que hoy se le escapan. Además, sugiere avanzar en el intercambio de datos disponibles y concentrar los pedidos de documentación en los casos que lo justifiquen.
