Justicia de Honduras declara culpables a tres estadounidenses por red de explotación sexual

Un tribunal de Honduras declaró culpables a tres ciudadanos estadounidenses y un hondureño por integrar una red de explotación sexual, según informó la fiscalía. El caso quedó al descubierto por la desaparición de una joven en 2022.

Un tribunal de Honduras declaró culpables este viernes a tres estadounidenses y un hondureño por captar mujeres para servicios sexuales, una red que quedó al descubierto por el caso de una joven desaparecida desde 2022, informó la fiscalía.

Angie Peña, una universitaria de 22 años, desapareció el 1 de enero de 2022 tras salir en una moto acuática de la isla de Roatán, en el Caribe hondureño. El vehículo y unas pertenencias fueron hallados en un cayo de Belice.

La policía aseguró inicialmente que se había ahogado, pero los familiares exigieron una investigación ante las sospechas de que había sido raptada.

Testigos declararon bajo protección que la mujer cayó en una red de trata y las autoridades detuvieron a uno de los tres estadounidenses. La organización fue desarticulada.

La fiscalía determinó que entre las víctimas había menores de edad.

«El Ministerio Público (fiscalía) obtuvo un fallo de culpabilidad contra cuatro integrantes de la estructura denominada ‘Delta Teams’ por el delito de asociación para delinquir», señaló en X.

Según la acusación, los estadounidenses Harold Green, William Murdock, Gary Lee Johnston y el hondureño Ramón Trejo operaban para «localizar, captar y trasladar mujeres por medio de redes sociales».

Las mujeres eran obligadas a ofrecer servicios sexuales a los inculpados y a los clientes de un bar de su propiedad.

La fiscalía anunció que pedirá la pena máxima de 10 años de prisión en una audiencia el próximo 9 de diciembre.

Dos de los estadounidenses fueron absueltos por falta de pruebas que los inculpen en la desaparición de Peña.

«Nos decían que fue un accidente; todo estaba coludido con el crimen organizado», dijo a la AFP Yenely Díaz, tía de la joven, al señalar que «desde un inicio» la investigación fue «mala».

La estructura criminal contaba con la protección de funcionarios hondureños, incluyendo policías y un juez «quien les ayudaba con procesos ficticios y falsificación de documentos», según la fiscalía.

Organizaciones feministas denuncian que el caso ejemplifica la desprotección de las mujeres en Honduras, el país con mayor tasa de feminicidios en Latinoamérica, (4,3 por cada 100 mil habitantes), según la Cepal.

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