La Sala 1 de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró la inconstitucionalidad de la fórmula de movilidad de la ley 27.609 y ordenó una compensación limitada para la demandante. Es la tercera sentencia en menos de dos semanas de las tres salas del fuero con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.
Jueces de la Cámara Federal de la Seguridad Social con asiento en la Ciudad de Buenos Aires declararon la inconstitucionalidad de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la ley 27.609, que rigió entre 2021 y junio de 2024. La sentencia, dictada este lunes, ordena una compensación limitada para la demandante en el expediente “Pena, Dora Yolanda c/ Anses s/ Reajustes varios”.
El fallo de la Sala 1 fue firmado por los jueces Fernando Strasser y Sebastián Russo, titulares de la Sala 3, y Juan Fantini, de la Sala 2, quienes se desempeñan como subrogantes en la Sala 1, que no tiene jueces designados tras las salidas de los anteriores magistrados.
La resolución ordena comparar la movilidad otorgada por la ley 27.609 con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre octubre de 2023 y junio de 2024, y sumar al haber mensual las diferencias, incluyendo intereses por la parte retroactiva. La compensación no contempla el período entre inicios de 2022 y septiembre de 2023, cuando la suba de las jubilaciones se retrasó frente a la inflación y acumuló un deterioro del 23,8%, según indica el fallo.
El juez Russo sostuvo en su voto que “no es materia del juez expedirse respecto de la política de movilidad, sino verificar si el resultado de su implementación afecta al núcleo del derecho protegido por nuestra Carta Magna”. Agregó que el aspecto a analizar es “si se ha producido un deterioro sustancial del haber al extremo que se vuelve ilusoria la protección constitucional”.
El juez Fantini, en línea con su voto en una causa resuelta la semana pasada, consideró que el haber jubilatorio de la demandante debería ser redeterminado a marzo de 2021, sin la limitación temporal para la declaración de inconstitucionalidad de la ley, y que la compensación se calcule con la fórmula de la ley 27.426, aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri.
La sentencia recuerda que el actual Gobierno estableció un mecanismo de subas mensuales por inflación a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 274, que determina que los haberes se reajusten mensualmente en igual porcentaje que la variación registrada por el IPC dos meses antes. “El haber ya depreciado pasó a ser la base de cálculo del nuevo sistema y así la pérdida quedó consolidada”, indica el fallo, y agrega que “la insuficiencia del empalme no es transitoria” y que “la reparación de ese perjuicio es independiente de la movilidad que corresponde aplicar de ahora en adelante”.
En menos de dos semanas, las tres salas de la Cámara Federal de la Seguridad Social se pronunciaron contra la ley 27.609. El 5 de este mes, la Sala 3 dictó la inconstitucionalidad en la causa “Aguirre, Jorge Alberto c/ Anses s/ Reajustes varios”, con la misma restricción temporal que la sentencia de la Sala 1. El viernes 13, la Sala 2 rechazó la fórmula en el marco del juicio “Galletta, Carmen c/ Anses s/ Reajustes varios”, sin esa cuestión temporal, y dispuso aplicar la fórmula de la ley 27.426 desde enero de 2021 hasta junio de 2024 inclusive.
La ley 27.609, impulsada durante el gobierno de Alberto Fernández, establecía la movilidad en función de la suba de salarios y la evolución de la recaudación de impuestos con derivación específica a la Anses, con un tope anual para el aumento de los haberes no vinculado con el poder de compra. La normativa fue reemplazada por el DNU 274, que rige desde julio de 2024.
El rechazo a la fórmula también fue expresado en sentencias dictadas en los últimos años en instancias de apelaciones del interior del país, entre ellas en Mendoza, Mar del Plata, Salta, Córdoba, Bahía Blanca y Tucumán. Algunas de esas resoluciones confirman que la pérdida del poder de compra durante la vigencia de la ley 27.609 llegó al 50%. La cuestión está a la espera de una definición por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que podría intervenir si el Gobierno apela el fallo.
