Causa Vialidad: a 17 meses de la condena firme, el Estado aún no recuperó bienes de la familia Kirchner

La sentencia contra Cristina Kirchner por administración fraudulenta quedó firme el 10 de junio de 2025, pero el decomiso de 684.990.350.139,86 pesos sigue pendiente de resolución de la Corte Suprema. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó recursos de Máximo y Florencia Kirchner que buscaban suspender los remates.

La ejecución del decomiso de bienes de la familia Kirchner, dispuesto en la causa Vialidad, continúa pendiente de una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La condena contra Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos quedó firme el 10 de junio de 2025, según consta en el expediente judicial.

El monto actualizado del decomiso asciende a 684.990.350.139,86 pesos. La Corte Suprema dejó firme esa cifra en julio pasado al desestimar las quejas contra el cálculo basado en el Índice de Precios al Consumidor. Según las resoluciones judiciales, no se trata de una suma en discusión, sino de una obligación patrimonial derivada de una condena firme. Lo que resta definir es con qué bienes se cubrirá.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por unanimidad los recursos de Máximo y Florencia Kirchner que pretendían suspender el remate de los bienes afectados al decomiso. Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña concluyeron que las resoluciones impugnadas no eran recurribles por esa vía y que no se había demostrado un perjuicio actual de imposible o tardía reparación posterior. El pronunciamiento permite que continúe el trámite de ejecución, pero no habilita el inicio de las subastas mientras persista la cuestión pendiente ante el máximo tribunal.

Desde noviembre del año pasado, cada avance judicial fue seguido por nuevas impugnaciones de las defensas de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, según el registro de la causa. Los tribunales rechazaron el argumento de que los bienes heredados por Máximo y Florencia debían quedar al margen del decomiso por no haber sido condenados en la causa Vialidad. El Tribunal Oral Federal N.º 2 y la Cámara de Casación entendieron que los fondos formaban parte del objeto del delito, aun cuando hubieran pasado luego a manos de los hijos de Néstor y Cristina Kirchner. Esa es una de las cuestiones que las defensas llevaron ante la Corte Suprema.

Entre los bienes alcanzados se encuentra el departamento de San José 1111, del barrio de Constitución, donde Cristina Kirchner cumple su condena bajo arresto domiciliario. La Cámara Federal de Casación dejó firmes los embargos preventivos sobre 13 inmuebles vinculados con las empresas familiares Los Sauces y Hotesur, incluido ese domicilio, frente a los recursos de Máximo y Florencia.

Para concretar el decomiso deben cumplirse tres etapas, según el procedimiento judicial. En primer lugar, la Corte Suprema debe resolver las quejas pendientes y definir con qué inmuebles se cubrirá la suma fijada. Luego, el Cuerpo de Peritos Tasadores debe entregar la valuación de las propiedades y la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte debe responder la consulta del Tribunal Oral Federal N.º 2 acerca de cuáles inmuebles pretende destinar a su propio uso, conforme al reglamento aprobado por el propio tribunal superior. Por último, una vez determinados los bienes que quedarán incorporados a su patrimonio, deberá avanzarse con los cambios de titularidad correspondientes y con el remate del resto mediante la plataforma de subastas en línea.

En paralelo, comenzó el juicio oral por Hotesur-Los Sauces, que también involucra a la familia Kirchner. La acusación sostiene que Los Sauces funcionó como un mecanismo de reciclaje de activos incorporando propiedades, alquilándolas a empresarios vinculados con negocios estatales y permitiendo que el dinero regresara a la familia bajo la apariencia de operaciones inmobiliarias legítimas. Según los fiscales, la mayor parte de los ingresos procedía de empresas de Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa, mientras que los alquileres de inquilinos sin esos vínculos representaban apenas el 12% de lo facturado.

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