La disputa de diez años entre ultranacionalistas y proeuropeos por el Tribunal Constitucional derivó en enfrentamientos en Varsovia, con la suspensión de sus máximos autoridades, la intervención policial y declaraciones cruzadas sobre un ‘golpe de Estado’.
PARÍS.- La disputa que mantienen desde hace diez años los ultranacionalistas del PiS y los proeuropeos de Donald Tusk en torno al Tribunal Constitucional se trasladó a las calles de Varsovia el viernes por la noche, con policías antidisturbios frente a la sede del organismo, la suspensión de sus máximas autoridades y acusaciones cruzadas de ‘golpe de Estado’.
Poco después de las 18 horas, apareció un comunicado en el sitio web del Tribunal Constitucional polaco en el que se informaba que su presidente, Bogdan Swieczkowski, y su vicepresidente, Bartlomiej Sochanski, fueron suspendidos de sus cargos. Minutos después, decenas de policías antidisturbios se posicionaron ante el edificio de la avenida Szucha, en Varsovia, frente a partidarios del partido nacionalista Ley y Justicia (PiS) que llevan semanas manifestándose en el lugar, según la agencia de noticias AFP.
En la red social X, la cuenta oficial del Tribunal denunció una ‘toma de control ilegal’ y un ‘golpe de Estado’, y afirmó que Święczkowski permanecía en su puesto. Se lanzaron proyectiles contra la policía y tres personas que habían escalado las vallas fueron detenidas. Al caer la noche, se convocó a un cerrajero para abrir la verja al presidente suspendido, quien finalmente ingresó al recinto tras forzar la valla.
‘El Tribunal Constitucional no es un edificio, son personas’, declaró, antes de pedir a la multitud que se dispersara.
La protagonista de este episodio es la jueza Anna Korwin-Piotrowska. Elegida en marzo pasado, integra el grupo de magistrados que prestaron juramento ante la cámara de diputados (Sejm) y no ante el jefe del Estado, aliado del PiS. Valiéndose de su antigüedad en la magistratura para asumir el interinato, ordenó la suspensión de los dos dirigentes del Tribunal. Ese mismo día, el ministro de Justicia y fiscal general, Waldemar Żurek, presentó cinco solicitudes para levantar la inmunidad —cuatro contra Swieczkowski y una contra Sochanski—, acompañadas de 224 páginas y 50 volúmenes de expedientes. También fue él quien pidió a la policía que custodiara el edificio, mientras la jueza denunciaba ‘amenazas potenciales contra la vida e integridad física’ de los magistrados y del personal.
El sector ultranacionalista contrario impugna todo. Para los jueces fieles a Swieczkowski, Korwin-Piotrowska no es jueza del Tribunal, al no haber prestado juramento ante el presidente de la República. La policía, por su parte, asegura no haber entrado nunca en el edificio y actuar ‘respetando la independencia’ de la institución. A bordo del avión que lo llevaba a Dakar, el presidente Karol Nawrocki, aliado del PiS, dio media vuelta:
‘En un momento así, el presidente debe estar en Polonia. Interrumpo mi vuelo a Senegal. Regreso’, afirmó. Según fuentes presidenciales, inmediatamente después de aterrizar debía reunirse con el primer presidente del Tribunal Supremo.
La crisis venía gestándose desde 2015. Ese año, al llegar al poder, el PiS anuló los nombramientos de la mayoría saliente e instaló a sus propios jueces en el Tribunal, compuesto por quince magistrados elegidos por el Sejm para mandatos de nueve años. Bajo la presidencia de Julia Przylebska, la institución dictó posteriormente sentencias como la prohibición del aborto en 2020 o el fallo de 2021 que cuestionaba la primacía del derecho europeo. Bruselas consideró que el Tribunal dependía demasiado del poder político, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó en 2021 sus decisiones por no corresponder a un Estado de derecho.
Tras recuperar el poder a finales de 2023, el expresidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, prometió restaurar ese Estado de derecho, pero se topó con el veto presidencial. El último acto se produjo en marzo de 2026: el Sejm eligió a seis jueces para cubrir las vacantes. Dos prestaron juramento ante Karol Nawrocki; los otros cuatro, que nunca fueron convocados al palacio presidencial, juraron ante los diputados. Swieczkowski, exfiscal nacional nombrado al frente del Tribunal en 2025, les impidió ejercer sus funciones, a pesar de una medida cautelar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que le ordenaba no obstaculizar sus labores. El resultado: un Tribunal paralizado y dos legitimidades enfrentadas.
Cada bando reivindica la misma bandera: la democracia. ‘Restaurar el Estado de derecho es nuestro deber. Tras años de ilegalidad bajo el régimen del PiS, es un proceso difícil, a veces doloroso, que exige una acción decisiva. No hay otra salida’, escribió Donald Tusk.
Por el contrario, Jaroslaw Kaczynski denunció un ‘ataque contra el Tribunal Constitucional’ y sostuvo que Polonia se desliza hacia un ‘Estado policial’ o incluso hacia el autoritarismo.
‘Una vez que hayamos derrocado a este gobierno de bandidos de Tusk, habrá que reconstruir el Tribunal Constitucional desde cero’, afirmó el líder del PiS, y agregó que ni Tusk ni él deberían volver a influir jamás en los tribunales. La ex primera ministra Beata Szydlo acusó a la policía ‘enviada por el gobierno de Tusk’ de haber desalojado a los guardias, y Slawomir Mentzen, figura de la extrema derecha, acudió al lugar: ‘No podemos permitir que los órganos del Estado sean tomados por la fuerza’, dijo.
Entre algunos juristas críticos con el PiS, el método genera inquietud: el profesor Marcin Matczak considera que el ministro Żurek ha vulnerado varias disposiciones de la Constitución. Para deshacer la captura política de las instituciones, el gobierno debe retorcer las reglas, lo que ofrece a sus adversarios el relato que esperaban.
El conflicto trasciende Varsovia. El Tribunal es uno de los principales puntos de discordia entre Bruselas y los nacionalistas polacos, y la crisis estalla a un año de las elecciones legislativas de otoño de 2027. El PiS, debilitado por la escisión de este verano, ve en esto una batalla para cohesionar a sus filas frente a la competencia de la extrema derecha. En un país que es pilar del flanco oriental de la OTAN, una ‘guerra de jueces’ en las calles es un escenario que, según analistas, podría favorecer a quienes apuestan por la desunión europea.