El presidente de la Caja de Previsión Ley 8470 defendió las medidas adoptadas tras la intervención judicial y explicó que buscan revertir la crisis financiera de la entidad que paga jubilaciones a profesionales de la construcción.
La Caja de Previsión Ley 8470, organismo que paga jubilaciones y pensiones a arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros especialistas, agrónomos, técnicos mayores de obra y constructores universitarios, atraviesa una crisis institucional y financiera. La semana pasada se produjeron dos episodios: en el ámbito judicial, el fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier ordenó las detenciones del presidente del Colegio de Arquitectos, Nicolás Luis Paulín; del Colegio de Ingenieros Especialistas (Ciec), Inti Manuel Smith; del vicepresidente y la secretaria de la misma entidad, Luis Adán Calderón y Carmen Encarnación Rodríguez; y de la vocal titular del directorio de la Caja, Liliana Rosa Scaglia. Desde julio estaban imputados por presunta defraudación por administración fraudulenta en contra del órgano previsional, junto al arquitecto Diego Peralta y a los directores de la Caja, Ana Ruzycki y Micolo Noé. Ante la sospecha de entorpecimiento a la investigación, el fiscal ordenó los arrestos mencionados y la imputación por presunto encubrimiento de Pablo Antonio Calapiña, empleado de la Caja.
En el ámbito institucional, el jueves último un grupo de profesionales que aportan a la Caja se manifestó frente a la sede de Figueroa Alcorta 261 en protesta por resoluciones adoptadas por la actual conducción.
La entidad atraviesa una situación financiera crítica. La sospecha de la justicia es que el desfinanciamiento fue producto de maniobras como moratorias inversas a futuro, posibles fraudes en declaraciones o relevamientos de obras, con el fin de evadir el pago total de honorarios, la fuente de ingresos de la Caja. Una fuente consultada por Perfil Córdoba sintetizó: «La Caja se había convertido en una ‘empresa’ que beneficiaba a profesionales activos y a empresas o grandes emprendimientos, en perjuicio de la Caja y sus beneficiarios».
La Caja tiene 15.500 afiliados activos y paga 4.500 jubilaciones y pensiones. En la elección de 2024 hubo lista única. El mandato es por cuatro años y los presidentes van rotando. El 1 de mayo de 2025 asumió el ingeniero Jorge Santecchia, quien pocos meses después presentó la denuncia penal. Su mandato, que vencía el 30 de abril de este año, fue prorrogado por 60 días y el 1 de julio asumió como interventor judicial el contador Pablo Artino. Actualmente la Caja es coadministrada por el presidente Santecchia, tres vocales suplentes —porque los titulares fueron apartados—, un vocal en representación de los jubilados y el interventor.
Este medio entrevistó a Santecchia, quien defendió las medidas adoptadas en los últimos meses y que son cuestionadas por profesionales: «Son medidas necesarias, le dan un respiro a la Caja y la idea en el mediano plazo es mejorar las jubilaciones; no sólo por inflación, sino una mejora sustancial».
—¿En qué momento detectó irregularidades?
—Comencé a ver actos de gestión que no se adecuaban a lo que establecía la Ley 8470. Los fui documentando. En mayo de 2025 asumí como presidente y en función a una serie de informes que pedí al área legal, hablé con el doctor (Miguel) Ortiz Pellegrini y se hizo la presentación penal.
—¿Hay un elemento político en la sospecha de las defraudaciones?
—Todo nace dentro de la Caja, puertas adentro. Cuando empieza la investigación judicial se extiende a los colegios profesionales y se imputa a autoridades. Si bien el registro de obra, los metros cuadrados se presentan en la Municipalidad, se registran en el Colegio profesional. No sabemos si hay interferencias o intervención de entes oficiales.
—¿Cómo es la situación financiera de la Caja?
—Era crítica en diciembre del año pasado, cuando impulsé la denuncia penal. Ahora sigue estando en la misma situación, pero se han tomado medidas administrativas para revertir ese estado. Además, está la investigación que lleva adelante la justicia de los ilícitos que le han causado un grave perjuicio económico a la Caja.
—El jueves hubo una manifestación de protesta por diferentes resoluciones. Una es la que dejó sin efecto el sistema de compensación de excedentes de aportes. ¿Esa medida fue adoptada después de la intervención judicial?
—Sí, porque el mecanismo de compensación que había antes no está contemplado en la Ley 8470. De tres ingresos que estaban estipulados en el artículo 24 incisos A, B y C, se compensaba el C con el A. En vez de tener tres ingresos teníamos dos. Entonces, la compensación que no está estipulada en la ley se eliminó, se dio de baja. Ahora todos los profesionales tienen que pagar el aporte mínimo y si tienen obras tienen aportes que se imputarán a bonificaciones que mejoran la jubilación.
—¿Cuánto es el aporte mínimo?
—Depende de la edad: va desde los $40.000 para matriculados jóvenes hasta $108.000. Es la cuota mínima. Y después, por obra, es un 9% que paga el comitente y 9% el profesional. Son los aportes que percibe la Caja para pagar las jubilaciones. Además, hay un 5% que va al colegio profesional. Con respecto a la resolución 16.980, se elimina una compensación porque la Ley 8470 no tiene contemplado un mecanismo de compensación. Lo que sí está contemplado son bonificaciones.
—¿Por qué son tan altos los intereses aplicados en los planes de regularización de deudas de aportes? ¿Qué cambió a partir de la intervención?
—Antes, los planes de regularización no contemplaban intereses, por eso estaban totalmente fuera de la ley que fija cuál es la forma de actualización. Con la intervención de la justicia se dieron de baja los planes que estaban fuera de la norma y se pusieron en marcha planes que se adecuan a la norma que nos rige, es decir que se abona el aporte adeudado al valor vigente a la fecha de efectivo pago, más intereses. No se cobran tasas por encima de lo que corresponde. Si el afiliado necesita un plazo mayor, se le dan 12, 24 o 48 meses con una tasa de interés de financiación.
—Entiendo que la causa penal investiga maniobras presuntamente irregulares en las declaraciones de obras y honorarios para evadir aportes y eso debe aclararse, pero hay profesionales que no llegan a fin de mes y no pueden pagar aportes e intereses altos. ¿Qué responde frente a ello?
—Como funcionarios de la Caja, nuestro primer objetivo es su sustentabilidad. La única forma de cumplir con el pago de haberes, y hasta poder mejorarlos, es que la Caja esté saneada financieramente. Cuando presenté la denuncia penal teníamos un informe actuarial sobre la proyección de los flujos de fondos de la Caja, en función de fórmulas matemáticas, demográficas y estadísticas, que nos daba una proyección de tres años de vida. Eso ocurrió en diciembre del año pasado. Si seguíamos así, en tres años no teníamos posibilidad de hacer frente a los compromisos en el corto plazo. O sea, todas estas medidas son para que la crisis no sea terminal.
—¿Por qué dice que los planes no estaban dentro de la ley?
—No contemplaban intereses, se daban plazos muy extensos y no se hacía gestión de cobranza. Llegamos a tener una morosidad que rondaba el 60%, de ahí la situación difícil de la Caja.
—¿Mejoró la situación?
—Según un informe que nos acaban de dar, la proyección actuarial estaría en el orden de los 30 años. Pasamos de tres a 30 años. Le da otra perspectiva a la Caja. Hay que tener en cuenta que estamos inmersos en una economía nacional donde nuestros ingresos dependen de las obras, de los profesionales que hacen obras. En la medida que tengamos más actividad económica, mejorarán los ingresos.