Germán Pinazo, rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, afirmó que el Poder Ejecutivo sostiene una «estrategia de desinformación» para no cumplir la ley y señaló que la Justicia ya rechazó los argumentos oficiales. Lo dijo en una entrevista radial.
El rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Germán Pinazo, brindó una entrevista en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), en la que se refirió a la discusión por la Ley de Financiamiento Universitario y a los cuestionamientos de la Secretaría de Educación hacia los rectores.
Pinazo es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Economía Política por FLACSO y doctor en Ciencias Sociales. Ejerce como rector de la UNGS para el período 2026-2030. Es investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de San Martín desde 2008.
Durante la entrevista, el rector exhibió un extracto de un fallo judicial de marzo en el que se plantea si el Poder Ejecutivo puede sostener que una ley del Congreso está suspendida por una ley anterior. Según Pinazo, el fallo responde negativamente y afirma que está dentro de las facultades del Congreso derogar leyes anteriores.
El rector sostuvo que los argumentos oficiales sobre la incompatibilidad con la Ley de Administración Financiera y sobre el costo de la ley ya fueron rechazados por la Justicia. Mencionó que una medida cautelar resistió un recurso extraordinario y que la Corte Suprema rechazó un recurso del Ejecutivo para suspenderla.
«Lo que resulta particularmente sorprendente y preocupante es que en sesiones de comisión de Cámara de Diputados haya funcionarios públicos que sigan repitiendo eso cuando la justicia» ya se pronunció, afirmó Pinazo.
Consultado sobre las acusaciones de la Secretaría de Educación respecto de que los rectores tendrían «acuerdos con la casta», Pinazo respondió: «No sé qué quiere decir, la verdad».
Respecto de la tasa de graduación, el rector citó datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el Gran Buenos Aires. Señaló que en el 30% de menores ingresos, el número de graduados en universidades públicas se multiplicó por cinco entre el tercer trimestre de 2003 y el tercer trimestre de 2025. Agregó que en el 40% de menores ingresos, la participación en el nivel superior pasó del 26% en 2003 al 42% en 2025.
Sobre los salarios de los rectores, Pinazo afirmó que el promedio mencionado por funcionarios de 8 millones de pesos representa el 0,145% del presupuesto devengado del programa para la educación superior. También cuestionó la reducción del poder adquisitivo de las becas Progresar: «¿Por qué el renglón presupuestario de becas Progresar tiene un poder adquisitivo en el 2026, presupuesto vigente, de 80% más bajo que en el año 2023, si las becas Progresar las ejecutan ellos?», preguntó.
El entrevistador planteó que el problema podría ser de «cinismo» más que de desconocimiento. Pinazo coincidió y agregó que, si la Justicia no puede hacer cumplir sus decisiones, debería haber un costo político por parte del Congreso. «Están fallando las dos cosas: la capacidad de la Justicia, pero sobre todo, la de que para el Ejecutivo sea costoso en términos políticos esto», concluyó.