El documento, elaborado entre junio y julio, registra una brecha de 111 puntos porcentuales entre el aumento de los aranceles del nomenclador nacional y la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y agosto de 2026. Incluye testimonios de personas con discapacidad, familias, profesionales e instituciones.
La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba presentó este lunes 5 de octubre el informe «Crisis del Sistema de Prestaciones y Apoyos para Personas con Discapacidad en Córdoba». El estudio fue impulsado por el Defensor del Pueblo Adjunto a cargo, Carlos Galoppo, y coordinado por las áreas de Inclusión Social y de Estadística. Se realizó en junio y julio con grupos focales y entrevistas a personas con discapacidad, familias, instituciones, profesionales y transportistas de la Ciudad de Córdoba. Los entrevistados figuran identificados solo por su rol.
Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles del nomenclador nacional subieron 225% promedio y la inflación acumulada fue de 336%, una brecha de 111 puntos porcentuales, según el documento.
Pagos que no llegan
Más de 400.000 cordobeses conviven con limitaciones funcionales permanentes. Solo 127.774 tienen un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, alrededor del 3% de la población, de acuerdo con el informe.
El documento registra demoras de varios meses, y hasta de un año, en el cobro a obras sociales y programas estatales. Una profesional prestadora declaró: «En mi caso yo trabajo con una obra social que hace un año que no me pagan».
Para las instituciones, el problema se agrava por las cargas sociales que deben pagar a la ARCA. La directora de un centro afirmó: «Nuestro único acreedor es ARCA. Si ellos deciden iniciar las ejecuciones fiscales, desaparecemos porque debemos 360 millones de pesos». El Acompañamiento Terapéutico no figura en el nomenclador. Una profesional del área sostuvo: «Se definió un esquema para calcular un valor ético de la hora de AT que lo fija en $16.000, y pagan $3.000».
Transporte y turnos
El informe compara el transporte con el combustible. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, la nafta súper subió 559% y el kilómetro del nomenclador, 231%. Lo que antes cubría 0,9 litro hoy alcanza para 0,4. Un representante del sector manifestó: «Los prestadores estamos financiando lo que el Estado está desfinanciando y está destruyendo».
Para tramitar el CUD, la Ciudad cuenta con siete hospitales con juntas evaluadoras. Solo dos son pediátricos y los turnos se dan a dos o tres meses. La madre de un niño con discapacidad relató: «Yo al neurólogo de mi hijo, que está en el hospital infantil, meses lo estuve siguiendo. Porque no tenía turno, porque no había».
Familias que pagan y renuncian
Las familias costean terapias, traslados y funciones de apoyo en el aula. Una madre expresó: «Estuvimos como dos años pagando particular. Cuando me toca pagar, yo pago como $150.000, $180.000 solo de sesiones».
El informe señala que la sobrecarga recae sobre todo en las mujeres. Otra madre contó: «Tuve que dejar de trabajar mediodía, se me reduce el sueldo y trabajo mediodía por la tarde, pero no tengo otra opción».
Las instituciones también recortan. El representante de un centro describió: «Teníamos una empresa de limpieza contratada, la dimos de baja; los de maestranza hoy tienen que estar abocados a limpiar porque no podemos contratar una empresa por fuera». El tesorero de otra entidad agregó: «Estoy tocando puertas en millones de lugares».
Pensiones, demoras y «sospecha»
Galoppo expuso demoras de entre 4 y 9 meses para prótesis y medicamentos, y de entre 9 y 14 meses para las altas en centros de rehabilitación. Las resoluciones de pensiones no contributivas, indicó, acumulan atrasos de 2 a 3 años o más.
El informe registra la suspensión de nuevas altas de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y auditorías masivas. Una persona con discapacidad visual que cobra la pensión describió el criterio: «Vos tenés que demostrarle al Estado que no sabés mover ni siquiera los pies para poder buscar trabajo». Una directora de institución añadió que hoy «estamos todos bajo sospecha».
El Estado nacional y la Provincia
Según el informe, la oficina cordobesa de la ex ANDIS, hoy SENADIS, pasó de 12 a 4 agentes presenciales. En Río Cuarto se cerró la atención presencial y 2 de las 4 personas siguen en modo remoto. Sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad 27.793, referentes de instituciones señalaron: «La sociedad sabe que la ley de emergencia en discapacidad se aprobó y cree que se está aplicando».
El informe detalla aportes subnacionales. La Provincia amplió el Fondo Provincial de Inclusión Social con $4.500 millones y creó el fondo «Córdoba Sostiene», con $2.000 millones. La Municipalidad entregó ocho millones de pesos a instituciones del Consejo Municipal de Discapacidad.
La directora de un centro valoró la homologación de aranceles de APROSS: «Eso nos salvó a todos». Otra directora advirtió: «La provincia no nos va a poder ayudar más porque tiene otros gastos».
Lo que plantea el informe
La Defensoría concluye que el sistema no colapsó por las garantías institucionales sino por el sostenimiento de personas con discapacidad, familias, profesionales e instituciones. Plantea reorientar las políticas públicas hacia las áreas más desprotegidas, con equidad y justicia redistributiva.