Un análisis académico señala incongruencias en el proceso constitucional para remover al Jefe de Gabinete y plantea la necesidad de reformas para mejorar el control parlamentario.
La renuncia de Manuel Adorni en junio pasado puso de manifiesto una incomprensión sobre la moción de censura al Jefe de Gabinete de Ministros (JGM) en Argentina. Según un análisis, se trata de un mecanismo del parlamentarismo europeo incorporado en la Constitución Nacional en la reforma de 1994, pero solo para el JGM (artículo 101).
En Europa, la moción de censura se vota tras una interpelación a un ministro o al primer ministro. Si resulta positiva, el funcionario debe dimitir inmediatamente. Además, toda interpelación con moción de censura es presentada por la oposición, casi nunca por el oficialismo. Como resultado, las interpelaciones son poco usuales y la votación de la moción menos aún.
El análisis compara la moción de censura con un duelo entre caballeros. El primer ministro, más estratégico, puede adelantar las elecciones, una opción constitucionalmente válida en el parlamentarismo. Más excepcionalmente, el líder opositor logra tumbar al primer ministro, y entonces el parlamento debe elegir un nuevo primer ministro, lo que dificulta el acuerdo entre partidos.
Los líderes políticos evitan el duelo porque no les resulta gratuito adelantar elecciones o reemplazar a un primer ministro destituido. Prefieren negociar. Esto es lo interesante de la moción de censura: opera como un disuasivo.
A diferencia del parlamentarismo, en Argentina el JGM no tiene la prerrogativa de adelantar las elecciones, por lo que no cuenta con el arma del duelista que sí tiene la oposición. Por consiguiente, la moción de censura en Argentina es negativa: sirve para destituirlo, pero no para elegir el reemplazo, lo que significa que la oposición actúa como un pelotón de fusilamiento antes que como un duelista estratégico.
Otro aspecto polémico del artículo 101 es que exige al JGM presentarse una vez al mes alternativamente en cada cámara del Congreso para informar la marcha del gobierno. Parte de este procedimiento implica que los legisladores realicen una serie de preguntas en relación al informe.
Argentina no es el único país donde un ministro debe presentarse con regularidad en las cámaras para informar. Sin embargo, mientras que en otras latitudes los ministros responden preguntas sobre un tema puntual, el JGM debe responder preguntas sobre los más diversos temas. Preguntas que se multiplican y superponen debido a la cantidad de bloques que caracteriza al parlamento nacional.
Para responderlas, el JGM debe recorrer todos los ministerios y dependencias para recolectar la información. Esto comporta que en el transcurso del mes debe dedicar tres semanas a la gestión, y la última a lidiar con este engorroso proceso que finaliza con su asistencia en el recinto por largas horas. Esto explica que, desde 1994, casi todos los JGM sean reticentes a cumplir con su obligación mensual de asistir al Congreso.
El análisis sugiere realizar una reforma de los reglamentos parlamentarios que flexibilice el actual régimen de asistencia mensual en las cámaras, permitiéndole presentarse en determinadas comisiones en vez de ir al recinto. Esto no solo contribuiría a optimizar el tiempo de gestión ministerial, sino también a un control parlamentario más eficiente.