Virginia Aparicio, responsable en Argentina del Proyecto SPRINT, financiado por la Unión Europea, enfrenta un sumario administrativo con pedido de exoneración. El estudio detectó entre dos y diez agrotóxicos en el 100% de las 73 personas analizadas.
El Proyecto SPRINT, una investigación internacional financiada por la Unión Europea y realizada en diez países, entre ellos Argentina, analizó la presencia de agrotóxicos en seres humanos. Los resultados indicaron que el 100% de las 73 personas muestreadas presentó entre dos y diez agrotóxicos en sangre, orina y materia fecal. La muestra incluyó trabajadores rurales, habitantes de localidades cercanas a fumigaciones y residentes de grandes ciudades.
La responsable del sitio argentino del estudio es Virginia Aparicio, investigadora del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Aparicio enfrenta un sumario administrativo con pedido de exoneración, la sanción disciplinaria más grave para un trabajador del Estado, que implica despido inmediato y prohibición permanente de reingresar a organismos estatales.
Según el expediente tramitado ante la Asesoría Jurídica del INTA y la notificación formal enviada a Aparicio a mediados de 2023, las autoridades de la entidad argumentaron una supuesta ruptura de la cadena de mando. La Presidencia del INTA fundamentó la prohibición de comunicar avances invocando la violación del Reglamento del Personal, que exige contar con el aval institucional previo de la Dirección Nacional antes de difundir datos de proyectos con financiamiento externo.
El trámite se inició durante la gestión del INTA en el gobierno anterior y continuó en la administración actual. Según la información disponible, tanto los funcionarios nombrados por el gobierno peronista como la gestión libertaria coincidieron en avanzar con el procedimiento sumarial en respuesta a la divulgación de los resultados.
Consultada por Perfil, Virginia Aparicio declaró: «No puedo atribuir intenciones que no puedo demostrar ni afirmar qué incomodó a determinadas personas o sectores. Sí puedo hablar de los hechos y de la secuencia que viví. SPRINT no fue una investigación clandestina ni una iniciativa personal. Fue un proyecto internacional financiado por la Unión Europea, integrado por instituciones científicas de diez países europeos y Argentina. INTA participó institucionalmente y yo fui responsable del sitio de estudio argentino. El propio organismo había difundido públicamente el proyecto y sus objetivos».
La investigadora agregó: «En 2023, cuando llegaron resultados individuales que debían ser comunicados a los voluntarios, esa devolución fue suspendida institucionalmente. Posteriormente, INTA resolvió retirarse del proyecto y se inició un proceso sumarial. Según la información que recibí extraoficialmente a través de APINTA, el Consejo Directivo trató el expediente a fines de agosto de 2026 y se habría avanzado con mi exoneración de la Administración Pública Nacional. Al momento de esta entrevista todavía no he recibido la notificación formal correspondiente. Más que especular sobre las motivaciones, creo que existe una pregunta de fondo que sí merece una discusión pública: ¿qué debe hacer una institución científica del Estado cuando una investigación produce resultados sensibles?».
El INTA no emitió ningún comunicado público en relación con las sanciones ni sobre los datos de SPRINT. Este medio intentó comunicarse con el área de prensa del organismo, pero no obtuvo respuesta.
Las intoxicaciones con agrotóxicos alcanzan los 385 millones de casos cada año en todo el mundo y provocan 11 mil muertes por intoxicación aguda, según un estudio epidemiológico global publicado en 2020 en la revista científica BMC Public Health. Informes de la ONU y la OMS advierten que las estadísticas de muertes por agrotóxicos sufren un fuerte subregistro debido a tres factores estructurales: subdiagnóstico en zonas rurales, brecha de atribución en la medicina y el denominado «efecto cóctel», que calcula el riesgo de una molécula por separado e ignora la interacción de múltiples sustancias.
Los resultados de SPRINT abren interrogantes sobre los efectos en la salud de la exposición a este «efecto cóctel» a corto y largo plazo y sobre las medidas para proteger a la población rural y urbana. Especialistas sugieren alternativas como el uso de tecnología de precisión, la rotación de cultivos, el control de recetas con trazabilidad estricta, la fijación de zonas de resguardo en escuelas rurales y cursos de agua, y el uso de insumos biológicos y manejo integrado de plagas.