La Cámara 3ª del Crimen realizó una audiencia preliminar en la causa que investiga certificados de Bomberos apócrifos para habilitaciones municipales. El fiscal Marcelo Hidalgo ofreció penas reducidas a cambio de confesión y evitación del juicio oral con jurados populares. El exjefe de Bomberos Gustavo Folli Pedetta enfrenta la propuesta más alta: 6 años y 8 meses de prisión efectiva.
El miércoles de la semana pasada, la Cámara 3ª del Crimen realizó una audiencia preliminar en el marco de la denominada Megacausa Bomberos, uno de los procesos más complejos tramitados en la Justicia provincial de Córdoba. En la causa está imputado y detenido Gustavo Folli Pedetta, exjefe de Bomberos, exsubjefe de la Policía de Córdoba y exdirector de Defensa Civil de la Municipalidad de la Capital.
Según la acusación, existieron gestiones y confección de certificados de Bomberos apócrifos para obtener habilitaciones municipales de comercios, grandes superficies y locales bailables. La Fiscalía sostiene que el incumplimiento de normas de seguridad colocó en riesgo a personas que transitaron por esos establecimientos. Entre los casos investigados figuran certificados para habilitaciones de Cyre SA (Supermercados Cordiez y Mercamax), Casa del Médico, Garden Padel, la discoteca Vlack y otros locales y depósitos.
En la audiencia preparatoria, el fiscal de Cámara, Marcelo Hidalgo, propuso acuerdos para abreviar el juicio a 10 acusados de integrar una presunta asociación ilícita. Los acuerdos suponen la confesión de los imputados, a cambio de evitar el debate oral y público con jurados populares y obtener penas cercanas al mínimo previsto en el Código Penal. El plazo es de 12 días hábiles, dentro del cual el fiscal evaluará una mayor morigeración de las sanciones si los imputados aceptan.
Para Gustavo Folli Pedetta, la Fiscalía propuso una pena de 6 años y 8 meses de prisión efectiva. Se le atribuye ser coautor de asociación ilícita en carácter de jefe y organizador, falsedad ideológica, coacción, amenazas y lesiones graves calificadas por violencia de género en perjuicio de su expareja. Además de la prisión, Hidalgo solicitó inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, policiales o de seguridad, junto con multa, decomiso y la declaración de falsedad y supresión de documentos. Folli Pedetta está detenido en Bouwer y el plazo de su prisión preventiva vence el 26 de diciembre próximo.
Para Julio Zárate, el fiscal propuso 6 años y 6 meses de prisión efectiva e inhabilitación especial por 24 años para desempeñarse como gestor o tramitador ante organismos públicos. Para Sergio Enrique Sosa, 6 años y 4 meses de prisión efectiva. Para Roque Javier Olmedo, 4 años de prisión efectiva y 16 años de inhabilitación para actuar como mandatario o apoderado comercial.
La propuesta también alcanza a otros imputados: Mario Javier García (3 años y 8 meses de prisión efectiva y 14 años de inhabilitación como ingeniero en Higiene y Seguridad), Félix Rafael Calama (3 años y 6 meses de prisión efectiva y 11 años de inhabilitación para ejercer ingeniería civil), José Leonardo Gorosito (3 años y 4 meses de prisión efectiva y 12 años de inhabilitación para funciones policiales o de seguridad), Mónica Elizabeth Barrionuevo (3 años y 3 meses de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para empleos públicos), Marcos Octavio Gennaro (3 años de prisión efectiva y 7 años de inhabilitación para explotación o administración de locales nocturnos) y Miguel Ángel Amil (3 años de prisión efectiva y 6 años y 8 meses de inhabilitación para el comercio y explotación de predios deportivos). En todos los casos, las propuestas incluyen multas por lucro, decomisos y medidas sobre certificados, informes técnicos o documentación cuya falsedad fue atribuida por la Fiscalía.
El ofrecimiento de acuerdos no equivale a una condena, ya que requiere la aceptación de los imputados y el control judicial por parte del tribunal.
De los 16 acusados al cabo de la instrucción, que condujo el fiscal Guillermo González, un imputado fue alcanzado por la Ley del Arrepentido. Dos bomberos, Marcos Luquez y Eduardo Rivadero, realizaron un juicio abreviado inicial y recibieron una pena de tres años de prisión de ejecución condicional. Actualmente, en el Juzgado de Control está bajo análisis un acuerdo en juicio abreviado inicial para los empresarios Darío y Natalia Brasca (Supermercados Cordiez) y para Carlos Ariel Goldaracena Altamirano.
El fiscal de Cámara, Marcelo Hidalgo, solicitó a la Cámara que, en caso de un juicio abierto y no abreviado, se separen los procesos. Argumentó que, al existir episodios y una víctima de violencia de género, debe resguardarse su intimidad, por lo que corresponde un debate a puertas cerradas. Para garantizar que los hechos de corrupción sean ventilados en un juicio público, pidió audiencias diferenciadas del debate por violencia contra la expareja de Folli, hechos por los cuales solo él debe responder. Hidalgo sostuvo que no hay conexidad entre ambos escenarios y que hay nueve imputados ajenos a los hechos de violencia contra la pareja. Además, señaló que exponer a los jurados legos —convocados exclusivamente para juzgar la causa de corrupción administrativa— las pruebas de abuso físico, psíquico y aborto forzado imputados a Folli podría generar un sesgo y prejuicio negativo al momento de emitir su veredicto sobre la asociación ilícita. También implicaría exponer a la víctima al resto de imputados, sus defensores y jurados que no resolverán sobre los hechos relativos a ella. Por último, Hidalgo sostuvo que hay riesgo de que venzan las prisiones preventivas de Folli Pedetta y Zárate si el debate se prolonga.