La prueba fue incorporada a la denuncia por presunto cohecho bancarizado en la cárcel bonaerense. El dinero habría sido enviado el 7 de junio por Juan Cruz Echeverría, hijo del interno Roberto Carlos Echeverría, al entonces jefe del penal Lucas Sergio González.
Un grupo de reclusos de la Unidad Penal 31 de Florencio Varela, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), presentó una nueva prueba documental en la causa que investiga presuntos delitos de narcotráfico, extorsión y cohecho en el pabellón número 1 de ese establecimiento.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, se trata de una transferencia de 300.000 pesos realizada a través de la plataforma Mercado Pago el 7 de junio pasado. El emisor fue Juan Cruz Echeverría, hijo del interno Roberto Carlos Echeverría, y el receptor el entonces jefe del penal, Lucas Sergio González.
El documento fue presentado ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 9 de Florencio Varela como parte de una denuncia por presunto «cohecho bancarizado». Los internos denunciantes, ex miembros de Fuerzas Armadas y de Seguridad que integraban el pabellón 1, conocido como «La Comitiva» o «Limpiezas y Mantenimiento», sostienen que ese pago forma parte de un circuito de sobornos.
En el escrito, los reclusos afirmaron: «Venimos por medio del presente a aportar un elemento de prueba documental y técnico-financiero de carácter trascendental, el cual acredita de manera directa e irrefutable la existencia del circuito de cohecho, asociación ilícita y lavado de activos que opera dentro del establecimiento carcelario».
Y agregaron: «Se aporta una de las constancias bancarias que comprueba el pago periódico de sobornos desde el entorno directo de los líderes de la facción interna (‘Los Limpiezas y Mantenimiento’) hacia la máxima autoridad de seguridad del penal, el entonces jefe de Penal, subprefecto Lucas González».
Los denunciantes detallaron que el dinero estaría relacionado con lo que denominaron «Amparo del Narcotráfico Intramuros», que consistiría en la provisión de una «zona liberada» para el ingreso, acopio en cisternas de agua y comercialización de cocaína y marihuana sin requisas institucionales. También mencionaron «Respaldo Institucional para Expulsiones y Desalojos Violentos», que incluiría permisividad para golpear y desalojar a internos que se resisten al pago de cuotas extorsivas, y la confección de traslados fraudulentos mediante falsos «avales de convivencia» redactados en computadoras oficiales.
Lucas Sergio González fue trasladado a otra unidad carcelaria en julio pasado, luego de una denuncia por violencia de género presentada por su ex pareja. En su lugar asumió Luciano Federico Días. No obstante, los presos denunciantes afirmaron que la situación no cambió y que el director de la U31, José Othasegui, «no hizo nada» ante el escándalo y «sólo sacó a Echeverría y a Juan Alejandro Osuna Aguirre, pero siguen todos los demás».
Los reclusos solicitaron a la UFI 9 de Florencio Varela que «no siga haciendo oídos sordos y lleve adelante una investigación en serio». Señalaron que en un allanamiento anterior, tanto los integrantes de «La Comitiva» como las autoridades carcelarias fueron avisados seis o siete horas antes de que se efectuara el procedimiento, por lo que «escondieron las drogas y los aparatos de Internet en el pabellón 3».
El mes pasado, en un operativo ordenado por la Justicia y realizado por oficiales de la DDI Quilmes, fueron imputados 11 internos en una causa por extorsiones, narcotráfico y estafas dentro de la cárcel. En el procedimiento se secuestraron 13 celulares, dos de ellos hallados en la Oficina del subdirector. Los implicados fueron identificados como Lautaro Agustín Ríos, Juan Alejandro Osuna Aguirre, Antonio Agustín Romero Ramua, Hernán Ariel Gómez, Brian Leonel Funes, Rubén Darío García, Marcelo Miguel Aquino Barraza, Jonathan Sebastián Giuliani Pérez, Ángel Alberto Segovia González, Carlos Norberto Tortella y Roberto Carlos Echeverría.