La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) adjudicó contratos por hasta 36 millones de dólares a cuatro empresas para localizar a migrantes deportados en México, Honduras y Guatemala con deudas pendientes por multas impuestas por el gobierno estadounidense.
La Administración del presidente Donald Trump contrató empresas privadas para localizar a migrantes deportados que, según el gobierno de EE.UU., mantienen deudas por multas impagadas. La medida extiende la ofensiva migratoria más allá de las fronteras del país.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) informó que busca recuperar unos 423 millones de dólares en multas y tasas de más de 66.300 personas expulsadas del país. El mes pasado, la agencia acordó pagar hasta 36 millones de dólares a cuatro empresas para localizar en México, Honduras y Guatemala a personas con deudas pendientes, según un anuncio publicado en un sitio web de contratación pública.
La iniciativa amplía los esfuerzos del gobierno para controlar la inmigración, al extender el alcance de las acciones a personas que ya fueron deportadas. No está especificado si EE.UU. puede exigir legalmente el pago a quienes ya no residen en el país. El anuncio del contrato no detalla los mecanismos de cobro ni el papel de los gobiernos de México, Honduras y Guatemala.
Los documentos del contrato indican que los contratistas podrían fotografiar viviendas, obtener facturas de servicios públicos, expedientes laborales o documentos judiciales para localizar a los deportados y determinar su capacidad de pago.
La CBP adjudicó contratos de dos años a Global Recovery Group, The Baptiste Group, Caduceus Inc. y Response AI Solutions. Cada acuerdo tiene un valor máximo de 9 millones de dólares. Las empresas no respondieron a solicitudes de comentarios.
La cantidad que la CBP intenta recaudar representa una parte de las sanciones impuestas por el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS). Desde el 20 de enero de 2025 hasta el 16 de julio de 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) impuso más de 103.000 multas civiles por un total superior a 84.000 millones de dólares, según el departamento. Al 16 de julio, el gobierno había recaudado 1,2 millones de dólares.
“Nuestro mensaje es claro: los extranjeros que se encuentran en el país de forma ilegal deben marcharse ahora o afrontar las consecuencias, incluidas las sanciones económicas”, afirmó el DHS en un comunicado.
Las multas se basan en una disposición de una ley de inmigración de 1996 que permite al gobierno imponer sanciones diarias a personas que se niegan a marcharse tras recibir una orden de deportación. Esta facultad se utilizó durante el primer mandato de Trump. La administración del presidente Joe Biden puso fin a esa medida en 2021, alegando que resultaba ineficaz y desviaba recursos de otras prioridades.
Trump reactivó estas sanciones a mayor escala. Algunos inmigrantes pueden recibir multas de casi 1.000 dólares por cada día que permanezcan en el país después de recibir una orden de deportación. Las multas pueden acumularse hasta alcanzar cientos de miles o millones de dólares.
La administración presentó demandas para cobrar multas impagadas, embargó devoluciones de impuestos y retuvo dinero de salarios. Algunos inmigrantes que tramitan recursos legales recibieron multas de 1 millón de dólares o más.
El gobierno ofrece incentivos a quienes aceptan marcharse. Los inmigrantes que se registren a través de la aplicación “CBP Home” pueden recibir el viaje pagado y dinero en efectivo. El DHS indicó que podrían condonarse ciertas multas pendientes.
Ciudadanos mexicanos deportados este año recibieron cartas de cobro de la CBP en sus direcciones en México, según Juan Cuéllar Torres, director de defensa de la Kino Border Initiative. Las multas, que suelen rondar los 250 dólares, incluyen una advertencia sobre posibles intereses y efectos en futuros procedimientos migratorios.
David Leopold, abogado especializado en inmigración de Cleveland, afirmó que la iniciativa en el extranjero es “innecesariamente punitiva”. “Ir a estos países y perseguir a personas que han sido deportadas no es más que un paso más para aterrorizar a la gente sin motivo alguno”, declaró Leopold. “Es la cereza en el pastel de la crueldad”.