El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aprobó la realización de una quinta marcha federal universitaria para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento. La convocatoria se formalizó durante el 96° plenario de rectores en Bariloche, en un contexto de incumplimiento de una cautelar judicial y de un presupuesto solicitado de 11 billones de pesos.
Las universidades nacionales de Argentina preparan una nueva movilización federal para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida fue propuesta por Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario, durante el 96° plenario de rectores y rectoras celebrado en Bariloche. La fecha de la marcha está prevista para octubre, aún sin día confirmado.
La ley de financiamiento cumple este lunes 321 días sin ser implementada por el Poder Ejecutivo. Además, el Gobierno no ha acatado una medida cautelar confirmada por la Corte Suprema el 25 de junio, que ordena un aumento salarial del 31% para más de 300.000 docentes y no docentes de las más de 60 universidades públicas del país.
En el plenario, Bartolacci señaló que la convocatoria busca replicar el apoyo social que consideró determinante en movilizaciones anteriores. También se aprobó el proyecto de presupuesto universitario para 2027, elaborado por representantes administrativo-financieros de más de 50 universidades, que prevé una solicitud de 11 billones de pesos. Este monto se suma a un pedido adicional de 7.000 millones de pesos para becas Progresar, infraestructura y ciencia y técnica.
El presidente del CIN informó que el lunes se enviarán notas a los legisladores y que en los próximos 15 días se convocará a una reunión pública en el Congreso para explicar las necesidades del sector. En la apertura del plenario participaron el rector anfitrión Anselmo Torres, de la Universidad Nacional de Río Negro, y el gobernador Alberto Weretilneck.
En relación con el presupuesto 2026, las universidades habían solicitado 7,3 billones de pesos, el Gobierno otorgó 4,8 billones y en julio realizó una ampliación de 1,33 billón, con el que se financió un acuerdo salarial del 21% y otras partidas.
El plenario contó con la participación de representantes de federaciones gremiales. El martes pasado, asistieron a una reunión paritaria convocada por el Ministerio de Capital Humano, donde el Gobierno ofreció un incremento del 3% para septiembre. Según lo establecido por la ley no aplicada, el aumento pendiente es del 31%.
El comité ejecutivo del CIN quedó facultado para convocar formalmente a la marcha. En paralelo, durante el plenario venció el plazo de tres días que el juez Martín Cormick había otorgado al Gobierno para informar avances respecto de la cautelar dictada por el magistrado.
El abogado del CIN, Pablo Manili, informó que tras el fallo de la Corte del 25 de junio se presentaron dos pedidos de ejecución de la cautelar, solicitando intimaciones con apercibimiento de multas diarias y la apertura de una causa por desobediencia (artículo 239 del Código Penal). Manili indicó que la responsabilidad podría alcanzar al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez; a la ministra Sandra Pettovello; al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y al presidente Javier Milei.
Manili señaló que las eventuales multas diarias no podrían ser descontadas del patrimonio de los funcionarios, debido a que la ley de democratización de la Justicia de 2013 establece que esos montos se destinan al Estado nacional.
La decisión del juez sobre la ejecución podría modificar el escenario previo a la marcha. En el ámbito universitario se mencionan demoras en el Poder Judicial respecto de una cautelar que debía cumplirse meses atrás.
El segundo cuatrimestre comenzó con medidas de fuerza. Este martes está previsto un paro de 24 horas.
Bartolacci definió el momento como “extremadamente difícil” para las universidades nacionales: “Discutimos o gestionamos con actores (por el Gobierno) que consideran que el Estado no tenga que destinar recursos. Porque hemos tenido momentos de dificultades, pero siempre se discutía con actores que sabían de la relevancia del conocimiento para el país”.
El titular del CIN destacó que el juez Cormick rechazó el pedido del Gobierno para levantar la cautelar. Los abogados del Estado argumentaban que la ley se estaba cumpliendo mediante el acuerdo paritario del 10 de junio. Cormick debe resolver si el decreto de promulgación de la ley, que dejó su aplicación en suspenso por falta de recursos, es constitucional.
Además, el juez admitió una cautelar presentada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) respecto de los artículos de la ley que asignan fondos a hospitales universitarios y a ciencia y técnica.
El cálculo del presupuesto universitario se realizó sobre la base de la Ley de Financiamiento. El 90% de los fondos se destina al pago de salarios de docentes y no docentes.