La nueva centralidad que el presidente Javier Milei dio a la cuestión Malvinas se enmarca en un escenario económico que incluye petróleo, pesca, energía, infraestructura y nuevas rutas comerciales. Proyectos en marcha y otros en desarrollo quedan atravesados por la disputa de soberanía.
La nueva centralidad que el presidente Javier Milei otorgó a la cuestión Malvinas no se limita a la disputa diplomática. Alrededor del archipiélago se desarrolla un entramado económico que incluye petróleo, pesca, energía, infraestructura y nuevas rutas comerciales. Algunos proyectos llevan años en marcha; otros buscan adaptarse a un escenario de mayor actividad.
Una nueva conexión marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas suma una dimensión comercial al escenario. La Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas cerró un contrato con la naviera chilena Eastern Island para operar, a partir de noviembre, una conexión directa entre Punta Arenas y Puerto Argentino. El proyecto, impulsado por el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, busca reactivar el flujo comercial condicionado desde la decisión del Mercosur de 2011, que impide el ingreso a puertos del bloque de barcos con bandera británica de las islas. La nueva ruta reduciría a la mitad la navegación de casi 2.000 kilómetros que actualmente vincula al archipiélago con Montevideo. El plan contempla transportar gas licuado, alimentos, repuestos y materiales de construcción mediante barcos de origen no británico.
La conexión adquiere importancia estratégica frente a las necesidades logísticas que podría generar una expansión de la actividad energética en las islas, especialmente si el proyecto petrolero Sea Lion comienza a producir en 2028. Argentina y Chile mantienen diferencias sobre la interpretación de sus respectivos espacios marítimos, mientras el gobierno chileno de José Antonio Kast reafirmó su posición sobre el Estrecho de Magallanes.
Petróleo, energía y pesca
El principal proyecto capaz de modificar la estructura económica de las islas es Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, desarrollado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. Ambas compañías tomaron en 2025 la decisión final de inversión para una primera etapa de unos US$1.800 millones, con el objetivo de comenzar a producir durante 2028. La primera fase contempla una producción inicial de alrededor de 55.000 barriles diarios, mediante pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga. Navitas posee el 65% del proyecto y Rockhopper el 35%. La empresa israelí declaró reservas de 216 millones de barriles y recursos por 603 millones.
Para acompañar ese desarrollo, las autoridades de las islas avanzaron con la construcción de un nuevo puerto multimodal en la bahía de Puerto Argentino. La obra está vinculada con la firma neerlandesa Damen Shipyards Group, que construye los pontones en China y prevé su llegada al archipiélago durante 2027. El proyecto petrolero enfrenta un riesgo político y regulatorio: las grandes petroleras internacionales mantienen distancia de Sea Lion porque tienen operaciones en Argentina y podrían quedar alcanzadas por las restricciones de la Ley 26.659 para empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina.
En el offshore argentino, frente a Tierra del Fuego y Santa Cruz, operan TotalEnergies, Harbour Energy y Pan American Energy. La producción de gas de la Cuenca Austral ronda los 27 millones de metros cúbicos diarios, cerca del 20% del gas natural argentino. YPF y Equinor mantienen proyectos de exploración en la Cuenca Argentina Norte. En agosto, el petrolero británico VS Promise dejó Ushuaia con unas 22.464 toneladas de crudo, equivalentes a aproximadamente 165.000 barriles, con destino declarado a Texas. El movimiento generó una investigación administrativa en Tierra del Fuego.
En paralelo, Sea Lion enfrenta un nuevo frente judicial. El CECIM La Plata y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentaron una acción contra Rockhopper y Navitas por presunto daño ambiental y soberano. La demanda busca frenar las obras vinculadas con el proyecto y cuestiona la ausencia de autorizaciones ambientales argentinas.
La pesca constituye la principal actividad económica de las islas. Las autoridades locales otorgan licencias a flotas extranjeras, con participación de empresas y buques de España, China, Corea del Sur y Taiwán. El sector atraviesa una crisis por la caída del calamar Loligo: la segunda temporada de pesca fue cerrada tras detectarse niveles críticos de biomasa, lo que afectó a 16 grandes buques congeladores vinculados con empresas españolas. Las pérdidas estimadas rondan los US$350 millones. Las autoridades prevén revisar las licencias pesqueras para 2027, con reducciones en algunas categorías y un incremento en las vinculadas con el calamar Illex.
En la llamada milla 201, fuera de la Zona Económica Exclusiva argentina, operan flotas extranjeras, incluidos buques chinos dedicados al calamar Illex. Se registran denuncias sobre embarcaciones que apagan o manipulan sus sistemas de identificación, lo que se vincula con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
La ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, reafirmó ante la Cámara de los Comunes que el Reino Unido mantiene su posición sobre las islas y que seguirán siendo un territorio británico de ultramar. La declaración se produjo en medio de la expectativa por señales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una eventual revisión de la posición estadounidense frente al conflicto.